Congreso: Proponen establecer delito de terrorismo urbano y sancionarlo con 30 años

El congresista Idelso García, de la bancada Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que propone establecer el delito de terrorismo urbano y sancionarlo hasta con 30 años de cárcel, a fin de fortalecer la seguridad.

Para tal fin, el proyecto modifica el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo, a fin de sancionar con 30 años de cárcel si el accionar provoca la muerte de una o más personas o si los daños causados a bienes públicos y privados impiden la prestación de servicios esenciales.

Se sancionará con 25 años si el accionar genera daño materia contra a propiedad pública y privada, si se obliga a participar de los mismos a menores de edad o si se llegase a producir lesiones graves a terceras personas.

Y con 20 años de prisión a las personas que faciliten armas, herramientas o información para tales actos, así como el reglaje de posibles víctimas o información personal de estas.

La iniciativa considera como terrorismo urbano si la motivación de quienes mantienen en estado de zozobra a la población, son actos contra la vida, la libertad y la seguridad, contra el patrimonio, edificios públicos, entre otros, además de ideológica o impulsada por el deseo de obtener una compensación económica mediante la amenazas, la coacción o haciendo uso de esos recursos.

Argumenta que los altos índices de inseguridad constituyen un obstáculo para el crecimiento económico y la consecución de metas sociales relevantes, como la reducción de la pobreza.

Asimismo, el proyecto precisa que el crimen en el Perú, en sus diferentes formas, representa una de las principales problemáticas para la seguridad ciudadana y en la que intervienen armas letales de impacto mayor como granadas y dinamita.

“Se hace necesario que las acciones de este tipo de delito sean catalogadas como terrorismo urbano. Más que generar daños contra el patrimonio, generan principalmente estado de zozobra y alarma no solo en las personas víctimas de extorsión, sino en la población en general”, apunta.

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