Esta modalidad permite que las empresas privadas coordinen con gobiernos, regionales y locales, explicó Rudolf Giese Salazar, decano de la Facultad de Arquitectura de UCAL.
“Creo que es un mecanismo eficiente, porque beneficia a los tres actores que participan de esto: a la población, porque van a ver que sus necesidades son atendidas; la empresa privada, pues va a saber a dónde van sus impuestos; y los gobiernos van a acelerar los procesos que, de otra manera, les tomaría bastante más tiempo”, indicó Rudolf Giese. Por ello, se debería propiciar un panorama de inversión tranquilo, y no espantar al sector privado.
“La estabilidad política es clave para que haya inversión. Si el piso está inestable, evidentemente las empresas privadas no arriesgan. Cuando tenemos reglas del juego claras que no cambian, creo que es el mecanismo fundamental”, mencionó Giese. Por otra parte, informó que las empresas mineras son las más interesadas en ejecutar estas obras por impuestos, y son las que más han podido invertir en proyectos que beneficien a las regiones.
“Proinversión tiene una cartera de proyectos para que, aquellas empresas que están interesadas, puedan financiarlos. Las empresas más interesadas son aquellas que están ubicadas en zonas de extracción minera, y que están destinando estos impuestos para proyectos que benefician a la zona de influencia de la operación”, explicó Giese.