Una sofisticada organización criminal logró vulnerar los controles internos del banco BBVA, orquestando un fraude sistemático que, durante cinco años, le costó a la entidad financiera cerca de US$ 200 millones de dólares, todo esto según una investigación revelada por el programa de televisión Punto Final, de Latina.pe.
La Fiscalía investiga un esquema que no requirió armas, sino un arma mucho más peligrosa: la complicidad interna y la falsificación de documentos a escala industrial.
El modus operandi: Un engaño desde adentro
El núcleo del fraude reside en una perfecta simulación de legalidad. De acuerdo con el reportaje y la tesis fiscal, la red criminal creaba o utilizaba empresas fachada—algunas con domicilios inexistentes o ubicadas en lugares tan inverosímiles como chancherías o viviendas particulares— para solicitar productos millonarios financieros como créditos, leasing y factoring.
Para lograrlo, presentaron al banco documentación fraudulenta, incluyendo saldos contables alterados y contratos comerciales ficticios. Sin embargo, el esquema no habría sido posible sin la pieza clave: funcionarios corruptos dentro del mismo BBVA.
La fiscal a cargo, Miluska Romero Pacheco, sostiene que estos empleados habrían validado los documentos falsos y habrían dado el visto bueno formal a las operaciones, permitiendo que los desembolsos millonarios fluyeran sin levantar sospechas.
Una vez que el dinero era liberado, supuestamente para adquirir activos como plantas frigoríficas o flotas de vehículos, este era desviado y repartido entre los empresarios y los funcionarios bancarios involucrados, consumiendo el saqueo.
Los rostros detrás del megafraude
La investigación ha identificado a más de 100 personas, pero apunta a un círculo central de responsables. Entre ellos figuran conocidos empresarios como Juan Ricardo Torres Cubas (previamente implicado en el caso Sada Goray), los hermanos Camilo y Marcelo Peirano Blondet, y el ejecutivo Christian Bobadilla Ortega.
Del lado del banco, uno de los principales investigados es el gerente de agencia Marco Antonio Gaitán Chunga, señalado como uno de los presuntos cómplices internos que facilitaron la estafa.
Una investigación marcada por la obstrucción
Aunque fue el propio BBVA quien denunció las irregularidades en diciembre de 2023, la acción de la justicia se ha enfrentado a serios obstáculos. Un megaoperativo planificado para el 23 de junio, que buscaba la detención de diez sospechosos, fracasó estrepitosamente. Solo una persona fue capturada debido a una presunta filtración que alertó a la red criminal con antelación.
La única detenida, Daphne Gavidia Hung, tenía en su celular mensajes que anunciaban del allanamiento. La mayoría de los implicados, incluido Torres Cubas, están ahora prófugos de la justicia.
La fiscal Romero Pacheco ha denunciado además actos de intimidación directa, asegurando haber recibido mensajes amenazantes de Torres Cubas desde la clandestinidad, exigiéndole «recapacitar» y abandonando el caso. Estos actos han sido incorporados a la investigación como prueba de obstrucción a la justicia.
Este fraude de 200 millones de dólares representa no solo una pérdida monumental para el BBVA, sino un grave ataque a la confianza del sistema financiero peruano. La investigación, nutrida por los hallazgos periodísticos, se presta a entrar a su etapa preparatoria y promete develar la magnitud total de una trama de corrupción que logró penetrar y saquear desde adentro a una de las entidades bancarias más importantes del país.
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