El país asiste a uno de los episodios de presunta corrupción y negligencia más vergonzosos de los últimos años. Lo que debió ser una compra estratégica para la seguridad nacional se ha convertido en un festín de millones de dólares entregados a una «empresa de papel». Se trata de la adjudicación de US$ 63.9 millones para la compra de un avión Antonov An-74 a la compañía Aero Express FZE, una firma con sede en Emiratos Árabes Unidos que, según se ha comprobado, no fabrica aeronaves.
Este escándalo, que ha traspasado fronteras y ha sido reportado por importantes medios de comunicación nacionales e internacionales, pone en el ojo de la tormenta la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Aunque el actual gobierno intenta desmarcarse, los documentos oficiales son irrefutables: la licitación y los funcionarios que firmaron este oscuro contrato son herencia directa y responsables de las decisiones tomadas bajo su administración.
Crónica de un engaño anunciado
La trama se selló el 31 de octubre pasado, cuando Ronnie Matienzo Mendoza, jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior —nombrado apenas seis días antes—, dio luz verde a la millonaria transacción. Esto ocurrió a pesar de que la propia fábrica original de aviones Antonov, en Ucrania, envió comunicaciones formales advirtiendo que Aero Express FZE no tiene licencia de fabricación y que había fraguado documentos para engañar al Estado peruano.
Lo más indignante es que, en la propia acta de adjudicación, la gestión del MININTER reconoce que la empresa árabe «no acredita la venta de ninguna unidad» y que presentó contratos sin sustento de pago. Es decir, el Gobierno sabía que le estaba entregando casi 64 millones de dólares a una entidad sin experiencia ni capacidad técnica, cumpliendo lo que parece ser una «consigna» desde las altas esferas.
Impacto Internacional
La noticia ha generado eco en la prensa extranjera, donde se cuestiona la ligereza con la que el Perú maneja sus fondos públicos en medio de una crisis económica. Medios internacionales han destacado la «audacia» de los funcionarios peruanos al ignorar las advertencias de la casa matriz ucraniana, dejando al país en una posición de ridículo internacional y vulnerabilidad aérea.
Fiscalización y responsabilidades
Ante la magnitud de la farsa, la Comisión de Fiscalización ha citado de urgencia al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para que responda por este contrato que la Contraloría ya había calificado como irregular. Mientras el Ejecutivo intenta lavarse las manos alegando que «no adelantan opinión», los ciudadanos exigen respuestas claras: ¿Quién se beneficia realmente con estos 63.9 millones de dólares por un avión que nunca llegará?
La sombra de la corrupción en la gestión de Dina Boluarte se alarga con este «avión fantasma», un monumento a la impunidad que el país no puede dejar pasar.
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