San Isidro, 2 de marzo de 2026 – Lo que inició como un reclamo por derechos laborales en la Municipalidad de San Isidro ha escalado a un conflicto institucional de proporciones mayores. El caso del sereno motorizado Yerson Michael Pepper Infante no solo pone en evidencia el presunto incumplimiento de sentencias judiciales, sino que también levanta sospechas sobre los métodos de gestión de los actuales altos mandos ediles.
🚔 El «método Boluarte» llega a San Isidro
La mirada está puesta sobre el actual Gerente Municipal, Oscar Enrique Gómez Castro. Su reciente pasado como Secretario General del Despacho Presidencial de Dina Boluarte no ha pasado desapercibido para los sindicatos y trabajadores. Para el denunciante, el estilo de gestión que hoy impera en San Isidro guarda una inquietante similitud con las cuestionadas decisiones del Ejecutivo, una mano dura que, bajo la apariencia de «orden administrativo», buscaría neutralizar la protesta social y el sindicalismo.
«Pareciera que las tácticas autoritarias se han trasladado de Palacio a la municipalidad», sostienen fuentes cercanas al gremio de trabajadores, quienes ven en el proceso de destitución contra Pepper una «limpieza política» camuflada.
🏛️ Desobediencia judicial: Funcionarios en la mira del Ministerio Público
El conflicto tiene un sustento legal sólido. El 21° Juzgado Especializado de Trabajo (Expediente 23137-2022) ha sido tajante. Mediante la Resolución Nro. Diez, la jueza María Ángela Vílchez Tapia advirtió que la municipalidad ha mostrado una «actitud de resistencia» al mandato judicial.
A pesar de que existe una orden de reposición bajo el régimen laboral 728, la Gerenta de Gestión de Personas, Edith Cuya Llajaruna, se habría negado a ejecutarla alegando falta de plazas en el CAP. El Juzgado ya lanzó un ultimátum, o se cumple la reposición en cinco días, o se remitirán copias certificadas al Ministerio Público para denunciar penalmente a los funcionarios por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad.
🛡️ ¿Verdad ética o represalia política?
La municipalidad contraataca acusando a Pepper de faltar al «principio de veracidad». El argumento de la administración es que el trabajador convocó a un plantón en la calle Augusto Tamayo 180, frente a la alcaldía, cuando las garantías de la Subprefectura eran para una zona a dos cuadras de distancia.
Sin embargo, para el sereno, este es un argumento «fabricado» para justificar su destitución. «La Sra. Edith Cuya actúa como juez, parte y supuesta agraviada. Es una persecución por haber liderado a 30 compañeros que exigimos uniformes, equipos y el cumplimiento de la ley laboral», declaró Pepper Infante.
📉 Un municipio bajo tensión
Mientras la gestión de la alcaldesa Nancy Vizurraga y el gerente Oscar Gómez Castro enfrentan estas denuncias, el personal de Serenazgo continúa reportando condiciones precarias. El informe de SERVIR del 30 de enero de 2026 sobre el CAP Provisional añade presión a una caldera administrativa que parece estar a punto de estallar.
¿Se impondrá el mandato del Poder Judicial o prevalecerá la sanción administrativa impulsada por la exmano derecha de la presidenta?
Por ahora, la justicia penal espera en la puerta de la calle Augusto Tamayo.
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