El papel aguanta todo, incluso las promesas presidenciales. Aunque el pasado 28 de julio se anunció con bombos y platillos una etapa de «profunda desregulación» para liberar a los peruanos de las trabas estatales, en las ventanillas de la Administración Pública se sigue asfixiando al ciudadano.
El abuso más silencioso, pero letal, ocurre cuando un peruano intenta defenderse de un Procedimiento de Cobranza Coactiva. ¿La respuesta de los funcionarios de entidades como el SAT de Lima, COFOPRI o las municipalidades? Ocultar el expediente.
Para el abogado especialista Jorge Lizandro Vilches Vilches, esta negativa no es una simple demora administrativa: es una vulneración sistemática que deja al administrado en absoluta indefensión, amparada por un sistema que premia la ineficiencia.
🗣️ «No es un favor, es tu derecho»
Cuando un ciudadano acude a ver por qué le han embargado sus cuentas o paralizado su negocio, la respuesta de manual en las dependencias públicas es: “Trámite su solicitud por escrito” o “Pídalo por la Ley de Transparencia”.
Vilches es categórico al desarmar esta mentira burocrática. “Históricamente conocido como el ‘derecho de vista de las actuaciones’, acceder a tu expediente no es una concesión graciosa de la autoridad. Es la única forma de conocer las pruebas en tu contra para ejercer una defensa eficaz”, sostiene el jurista.
La ley le da la razón al ciudadano. El artículo 160.1 del T.U.O. de la Ley N° 27444 es tajante: si eres parte del proceso, tienes derecho a pedir tu expediente de forma verbal y este debe ser entregado de inmediato en la misma oficina. Mandarte a hacer fila por la Ley de Transparencia (que demora 10 días hábiles y está pensada para terceros, no para investigados) es, en la práctica, una maniobra dilatoria ilegal. ⏱️🚫
🛡️ El vacío legal: El escudo de los malos funcionarios
Si la norma ordena que la entrega sea inmediata, ¿por qué los servidores públicos del SAT o los municipios se ríen de la ley?
Aquí radica el núcleo de la investigación de Vilches: la impunidad institucional.
“A pesar del mandato expreso de la ley, no existe una infracción típica y específica que sancione al servidor público por dilatar la lectura del expediente”, advierte el abogado. Al no haber un castigo escrito en el régimen disciplinario, la exigencia de inmediatez se vuelve “una declaración lírica o bizantina”. El burócrata sabe que, haga lo que haga, no perderá su trabajo. 🤷🏻♂️🏢
Este vacío de tipicidad es el caldo de cultivo para la corrupción y el abuso, especialmente en procesos coactivos donde los embargos no esperan.
📝 La propuesta de Vilches: Castigo ejemplar
Para acabar con esta mala praxis, Jorge Vilches plantea que el Congreso y el Ejecutivo dejen los discursos y pasen a la acción. Su propuesta técnica busca modificar el T.U.O. de la Ley N° 27444 con dos incorporaciones urgentes:
1️⃣ Plazo máximo innegociable (Art. 160.3): Si hay verdaderas dificultades logísticas para entregar un expediente físico, el Estado tendrá un máximo de 24 horas para ponerlo a disposición del ciudadano. Ni un día más.
2️⃣ Despido o sanción grave (Art. 261.1.11): Convertir en Falta Administrativa Grave el acto de “negar, dilatar o condicionar de forma injustificada el acceso inmediato y verbal a la lectura de los expedientes”.
Solo tipificando esta obstrucción como una falta grave sujeta a sanción directa, los funcionarios dejarán de secuestrar la información. Hasta que eso no suceda, la prometida «desregulación» del Estado seguirá siendo un mito, y el ciudadano, la víctima perfecta de la burocracia. 🏛️🔨
👇🏼 Y tú, ¿has sido víctima de este abuso? ¿Te han negado o escondido un expediente en el SAT, la Sunat o en tu municipalidad? Cuéntanos tu caso en los comentarios. ¡No nos callemos más! 💬
Leer más: