Pueblo Libre, 8 de octubre de 2026.- Un requerimiento notarial que pretendía ser una demostración de fuerza y un freno a la crítica política ha terminado desnudando una alarmante falta de prolijidad en el equipo del virtual alcalde de Pueblo Libre, José Luis Casas Carrión.
El próximo burgomaestre remitió una carta notarial al regidor y excandidato a la alcaldía, Daniel Amaya Carranza, exigiéndole bajo amenaza de acciones civiles y penales que se retracte de diversas afirmaciones vertidas durante la campaña. Sin embargo, el peso legal del documento quedó sepultado bajo el peso de sus propios errores. Inconsistencias básicas de identidad y absurdos cronológicos que ponen en tela de juicio el nivel de asesoría que recibe la futura autoridad.
El «papelón» notarial: fechas del futuro y doble identidad
El documento, al que este medio tuvo acceso, presenta fallas inadmisibles para una comunicación que plantea un ultimátum de 48 horas previo a una demanda judicial.
La primera irregularidad salta a la vista en la cronología. La carta está fechada y sellada por la notaría el 7 de octubre de 2026. No obstante, en su argumentación, Casas acusa a Amaya por un video presuntamente publicado el 29 de octubre de 2026. Es decir, se exige una retractación legal por un hecho que, según el propio documento, ocurriría 22 días en el futuro.
La segunda falla compromete la identidad legal del propio alcalde electo. En el párrafo introductorio, Casas se identifica con el DNI 43275024. Sin embargo, al pie del documento, debajo de su firma, figura el DNI 40348777. El documento no permite esclarecer con cuál de las dos identidades está ejerciendo su derecho a réplica ni cómo la notaría diligenció un requerimiento con esta evidente contradicción. El sello notarial indica «Documento no redactado en esta notaría», eximiendo a la oficina del error de redacción, pero dejando dudas sobre sus filtros de verificación de identidad.
El ultimátum: silencio y eliminación de contenido
Bajo el asunto «Requerimiento de cese de actos difamatorios y retractación pública», Casas busca censurar expresiones de la reciente contienda electoral. Entre sus reclamos figuran una canción satírica interpretada por Amaya y entrevistas concedidas a Pueblo Libre Tve. Casas aduce que estas declaraciones dañan su honor y reputación profesional, y niega categóricamente cualquier cercanía con la actual y cuestionada administración municipal saliente.
Además, la carta lanza una grave imputación basada en la mera «presunción» del alcalde electo. Acusa a Amaya de estar detrás de la distribución de volantes difamatorios, sin aportar prueba alguna que sustente la acusación.
La exigencia es tajante. Borrar el contenido en 48 horas, publicar una disculpa pública con la misma visibilidad, y abstenerse de emitir futuros comentarios u opiniones sobre su persona, bajo apercibimiento de iniciar procesos civiles, penales y reportes ante plataformas digitales.
La respuesta de Amaya: el riesgo para la fiscalización
Lejos de allanarse a la intimidación, el regidor Daniel Amaya rechazó tajantemente las acusaciones y puso el foco en un problema de fondo mucho más grave, la intolerancia al escrutinio público.
«Esa es su posición y la respeto, pero eso no significa aceptar sus acusaciones», sentenció Amaya, quien reivindicó el derecho a la crítica política y a la sátira como herramientas legítimas en una democracia.
Para el regidor, la actitud de Casas es un preocupante anticipo de lo que podría ser su estilo de gobierno. «¿Qué espacio tendrá la discrepancia en la próxima gestión? ¿Cómo se responderá al vecino que cuestione, al regidor que fiscalice o al periodista que insista?», cuestionó, recordando que quien aspira a un cargo público debe estar dispuesto a someterse a un escrutinio riguroso y constante.
Amaya aprovechó para marcar la cancha de cara a la nueva administración. Tras criticar la falta de transparencia del gobierno saliente, exigió que la gestión de Casas se mida por su apertura: transmisión pública de las sesiones de concejo, respuestas oportunas a los pedidos de información y, fundamentalmente, respeto irrestricto a los regidores de oposición y a la prensa.
Preguntas sin respuesta
Hasta el cierre de este reportaje, José Luis Casas no ha emitido aclaración alguna sobre la desprolijidad de su carta notarial ni ha confirmado si procederá con la demanda a pesar de las falencias legales del documento.
Más allá de la anécdota, el episodio deja interrogantes severas sobre la idoneidad del entorno del alcalde electo. Si el equipo legal de la próxima máxima autoridad del distrito no es capaz de redactar una carta notarial sin equivocarse de DNI o de año, ¿qué nivel de rigor técnico y jurídico le espera a las resoluciones, contratos y ordenanzas que regirán el destino de Pueblo Libre? La respuesta, al igual que las fechas de su carta, parece ser un misterio del futuro.
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