Editorial: Javier Yoplac
En el Día del Periodista, el Perú debe preguntarse qué garantías ofrece a quienes investigan, denuncian y cuestionan al poder. La libertad de prensa se defiende con protección, justicia e independencia.
Durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2026 expresé mi preocupación por la influencia del fujimorismo sobre el Congreso y por lo que consideraba un creciente avance político sobre las instituciones. Advertí que una victoria electoral de esa fuerza no garantizaba una solución a la inseguridad y que la prensa independiente podía enfrentar mayores riesgos.
Hoy mantengo esa preocupación. Pero el rigor que exigimos a los demás también debe regir nuestras palabras. La responsabilidad política de un Gobierno por proteger a los ciudadanos no equivale a una participación acreditada en los ataques contra periodistas. Esa participación, si existe, debe investigarse y probarse. Exigir pruebas fortalece una denuncia y permite sostenerla.
Lo que sí merece nuestra atención inmediata es la violencia que golpea a quienes trabajan en comunicación.
Gastón Medina fue asesinado en Ica en enero de 2025. David Reátegui, periodista y funcionario municipal, fue asesinado en Carabayllo en noviembre de 2024. Más recientemente, Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, fue asesinada en Caraz, Áncash, cuando también participaba como candidata regional. A estos hechos se suma la denuncia de Suriel Chacón, quien afirma haber sufrido una agresión y amenazas de muerte en Cusco.
Cada caso tiene circunstancias distintas. Sus móviles y responsabilidades deben esclarecerse por separado. No necesitamos afirmar que todos responden a un mismo plan para reconocer la gravedad del problema. Una sociedad en la que los comunicadores temen por su vida tiene una deuda urgente con la libertad.
🚨 Una amenaza no puede esperar a convertirse en un asesinato
Cuando un periodista denuncia que lo van a matar, la respuesta institucional debe llegar antes del atentado. Se necesita evaluar el riesgo, preservar las pruebas, investigar las amenazas y establecer medidas de protección cuando correspondan.
Tampoco basta con detener a quien ejecuta un ataque. La investigación debe determinar si hubo instigadores, financistas o intereses detrás del crimen. Las familias merecen justicia completa y la ciudadanía necesita saber por qué ocurrió.
Una investigación seria debe examinar todas las hipótesis. No corresponde reducir anticipadamente un ataque a delincuencia común, pero tampoco atribuirle un móvil político sin sustento. El deber de las autoridades es esclarecer; el nuestro, fiscalizar ese trabajo.
🔎 El desprestigio también exige vigilancia
La violencia física no es la única presión que puede enfrentar la prensa. También preocupan las campañas de descrédito, el hostigamiento judicial y los intentos de convertir al periodista en el tema de discusión para desplazar la atención de sus investigaciones.
El caso de César Hildebrandt merece abordarse desde esa distinción. Sus publicaciones pueden cuestionarse, contrastarse y rectificarse cuando corresponda. Su trayectoria no lo hace infalible. Pero ninguna discrepancia justifica amenazas, humillaciones o ataques personales.
Resulta especialmente preocupante cuando otros periodistas sustituyen el análisis de los hechos por la descalificación constante de un colega. Una crítica profesional identifica errores y presenta pruebas. Una campaña de desprestigio busca destruir reputaciones.
Defender a un periodista amenazado no significa respaldar todo lo que publica. Significa defender su derecho a trabajar sin violencia y el derecho de la ciudadanía a recibir información.
🏛️ ¿Qué esperamos de los gremios?
Al Consejo de la Prensa Peruana, al Colegio de Periodistas y a las demás organizaciones les corresponde una defensa constante de la libertad de expresión y de la ética profesional.
Sería injusto afirmar que todos guardan silencio. Existen alertas, registros y pronunciamientos. La Asociación Nacional de Periodistas y otras organizaciones han documentado agresiones y reclamado acciones. La pregunta es qué seguimiento reciben esas denuncias y qué resultados concretos producen.
Necesitamos solidaridad que se sostenga después del comunicado, acompañamiento a los amenazados, vigilancia de las investigaciones y exigencia pública de respuestas. Esa defensa debe alcanzar también a los medios locales, regionales y digitales, cuyos trabajadores muchas veces enfrentan riesgos con pocos recursos y escasa visibilidad.
🤝 La independencia también se demuestra hacia adentro
La prensa debe revisar su propia conducta. La búsqueda de audiencia, la publicidad, la cercanía con una autoridad o las preferencias políticas no pueden justificar que se distorsionen hechos o se silencien denuncias.
La independencia se demuestra cuando se investiga al adversario y al aliado; cuando se distingue información de opinión; cuando se rectifica un error y se ofrece una oportunidad de respuesta.
También exige reconocer que una acusación no se vuelve verdadera por repetirse ni una investigación pierde valor porque incomode a nuestros intereses.
Informar con rigor es una responsabilidad. Proteger a quien lo hace es una obligación del Estado. Exigir ambas cosas es una tarea ciudadana.
🕯️ Este 1 de octubre, Día del Periodista, hay poco que celebrar si contar lo que ocurre sigue acompañado de amenazas e impunidad. Recordar a los colegas asesinados exige algo más que homenajes, exige investigaciones, protección y respuestas.
Para algunos, la verdad continúa siendo un compromiso que no se negocia. Para otros, parece depender del patrocinador, del interés político o de quién resulte afectado.
Por eso vuelvo a preguntar: ¿cuál es el valor de la verdad en el Perú?
La respuesta se verá en lo que hagamos cuando una investigación nos incomode y cuando un periodista amenazado necesite nuestra voz.
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