El sistema judicial peruano dio un paso clave en las investigaciones del caso Odebrecht. El juez Richard Concepción Carhuancho, del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, autorizó el levantamiento del secreto bancario del Partido Aprista Peruano y de varios de sus líderes históricos. Esta decisión se enmarca en las pesquisas por el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de Alan García en el año 2006.
La resolución judicial alcanza a figuras de peso dentro del aprismo, entre ellas Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Mercedes Cabanillas, Hernán Garrido-Lecca, César Zumaeta y Luciana León, además de Luis Antonio Gasco Bravo y Franklin Santiago Chávez Montenegro. A todos ellos se les investiga por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
El origen de la imputación
La tesis fiscal se sostiene, en gran medida, en las declaraciones de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú. Barata afirmó haber entregado 200 mil dólares a Luis Alva Castro para fortalecer la campaña del APRA en 2006. Según el Ministerio Público, este dinero habría ingresado a las arcas del partido y, posteriormente, otros dirigentes habrían colaborado en operaciones de lavado mediante la compra de inmuebles, falsos aportes y pagos de publicidad simulados.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que existió un «plan criminal» para captar estructuras del Estado y beneficiar a la constructora brasileña a cambio de los aportes.
Justificación judicial
En su resolución, el magistrado Concepción Carhuancho argumentó que la medida es «amparable» y necesaria para «corroborar o descartar la tesis imputativa». El juez enfatizó que el interés público por conocer la «verdad histórica» de los movimientos financieros prevalece sobre el derecho a la reserva bancaria en este caso, considerando que no existe otra vía menos invasiva para obtener dicha información.
Cabe señalar que el pedido fue rechazado para los excongresistas Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén, debido a que la investigación preparatoria en su contra fue anulada previamente.
Alcance de la medida
Las entidades bancarias, tributarias y bursátiles deberán entregar a la Fiscalía toda la información sobre cuentas, depósitos y movimientos realizados por los investigados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2011, lapso que abarca desde la precampaña hasta el final del segundo gobierno aprista.
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