En el marco de la contienda electoral, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha puesto sobre la mesa una propuesta que ha encendido las alarmas de juristas, gestores públicos y defensores de derechos humanos, otorgar el Documento Nacional de Identidad (DNI) a todos los concebidos en el Perú.
A pesar de las críticas técnicas, los líderes de su agrupación política han salido en defensa del proyecto, calificándolo como un paso necesario para la protección de la vida. Sin embargo, detrás de la retórica pro-vida, se esconde lo que muchos expertos consideran un proyecto absurdo con consecuencias devastadoras para la institucionalidad del país.
El choque contra el Código Civil
La propuesta de López Aliaga ignora un principio fundamental del Derecho Civil peruano, es decir, la condición resolutoria. Si bien el artículo 1 del Código Civil reconoce al concebido como sujeto de derecho, la atribución de derechos patrimoniales y de personalidad plena está supeditada a que el niño nazca vivo.
Al otorgar un DNI antes del nacimiento, se estaría rompiendo esta lógica. ¿Qué sucedería si un embarazo no llega a término? El Estado se vería obligado a gestionar actas de defunción para ciudadanos que nunca llegaron a nacer, alterando procesos de herencia, sucesiones y estados civiles de manera artificial.
Un colapso anunciado para el RENIEC
Desde el punto de vista administrativo, la propuesta ha sido tildada de fantasiosa. El DNI actual se basa en el Certificado de Nacido Vivo y en datos biométricos (huellas dactilares y fotografía).
Un concebido no tiene huellas desarrolladas ni una fisonomía estable. Esto abriría una puerta peligrosa al fraude masivo con ecografías manipuladas que podrían ser utilizadas para inscribir identidades falsas y acceder a bonos estatales, seguros de salud o pensiones de alimentos de forma irregular. El RENIEC, que ya lucha por cerrar las brechas de identidad de ciudadanos nacidos en zonas rurales, colapsaría bajo la carga de gestionar altas y bajas constantes debido a la alta tasa de pérdidas gestacionales naturales.
El trasfondo político y la salud pública
Más allá de lo administrativo, el proyecto de Renovación Popular es visto como un caballo de Troya para bloquear derechos ya adquiridos, como el aborto terapéutico. Al otorgar una «identidad de ciudadano» a un embrión o feto, cualquier intervención médica para salvar la vida de la madre podría ser judicializada como el «asesinato de un ciudadano con DNI», generando un clima de persecución contra el personal de salud.
¿Ideología o gestión real?
Mientras los líderes de Renovación Popular defienden la medida como una vanguardia en la protección de la vida, los analistas coinciden en que se trata de una propuesta que ignora la realidad operativa del Estado peruano. Implementar un registro de este tipo no solo requeriría un presupuesto multimillonario para el cual el país no está preparado, sino que crearía una inseguridad jurídica sin precedentes en la región.
En conclusión, lo que Rafael López Aliaga presenta como una solución humanitaria parece ser, bajo el lente del análisis técnico, un despropósito legal que sacrifica la eficiencia del Estado en el altar de la ideología política.
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