Con la mira en los comicios generales del 2026, el Partido Popular Cristiano (PPC) y el partido Unidad y Paz, liderado por el congresista Roberto Chiabra, han concretado la primera alianza electoral. El ex comandante general del Ejército, Roberto Chiabra, será el candidato a la presidencia por esta coalición.
El anuncio fue realizado por Javier Bedoya, secretario general del PPC, quien detalló que el acuerdo se tomó por mayoría durante un congreso extraordinario de su agrupación. Bedoya explicó que esta unión busca agrupar a partidos de un mismo espectro político, demostrando madurez ante el electorado y anteponiendo los intereses del país.
«La idea es, finalmente, agrupar a partidos que pertenecemos a un mismo espacio político, ir juntos y demostrar madurez ante el electorado, mostrando que el centro hacia la derecha se puede unir y anteponer sus intereses por el bien del país», expresó Bedoya.
Los pilares que unen a ambas agrupaciones, según indicó el secretario general del PPC, son «la defensa de la democracia y del modelo económico, así como la lucha frontal contra la corrupción y la delincuencia».
Bedoya destacó la experiencia del general (r) Chiabra en temas de seguridad, la cual se complementará con los cuadros técnicos del PPC en diversas áreas como economía, minería, pesca y emprendimiento. Esta sinergia, agregada, ha sido clave para dar el primer paso hacia una alianza que esperan se ampliará en las próximas semanas con la incorporación de otras organizaciones políticas.
Plazos electorales en marcha
El próximo 2 de agosto vence el plazo para la inscripción de alianzas electorales ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La Ley de Organizaciones Políticas permite que las agrupaciones inscritas formen coaliciones bajo una misma denominación y símbolo común.
Para formalizar la alianza, se debe presentar el acta de constitución y su reglamento electoral. Dicha acta debe contener los objetivos de la coalición, los órganos de gobierno, la denominación, el símbolo, los acuerdos para la democracia interna y la designación de autoridades económico-financieras. Asimismo, se debe incluir la designación de personas legales y técnicas, y la forma en que se distribuirá el financiamiento público directo.
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