La capital peruana se enfrenta a una tormenta perfecta. Una corte de apelaciones en Estados Unidos ha asestado el golpe de gracia, confirmando una deuda millonaria inapelable por el caso de los peajes. Sumado a otras derrotas arbitrales, la gestión de López Aliaga se atrinchera en una negación que solo acelera la llegada de una catástrofe económica que pagarán a todos los ciudadanos con sus servicios, obras y bolsillos.
El martillo de la justicia internacional ha caído con una fuerza demoledora sobre Lima. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en Estados Unidos ha ratificado de forma definitiva que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) debe pagar cerca de 200 millones de dólares a la concesionaria Rutas de Lima. Con esta decisión, se agotan las vías legales para revertir un fallo que castiga la anulación de pedidos y el incumplimiento de contratos.
Esta derrota no es un hecho aislado. Es el clímax de una crónica de fracasos legales que ha puesto a la capital de rodillas. A esta cifra se suman los 46 millones de dólares que un tribunal en París ordenó pagar a Lima Expresa. La suma total es una herida abierta de casi 250 millones de dólares (más de 930 millones de soles), una hemorragia de dinero público que no se detiene y que amenaza con devorar el presupuesto de la ciudad.
Una estrategia fallida que cuesta millones
Mientras la deuda crece como una bola de nieve, la respuesta del alcalde Rafael López Aliaga ha sido una peligrosa mezcla de desafío retórico y maniobras legales que han demostrado ser inútiles y costosas. Su promesa de «no pagarle a grupos criminales» y su contratación de un prestigioso y caro bufete de abogados neoyorquino, cercano a Donald Trump, se han estrellado contra un muro de realidad legal.
Las cortes internacionales, una tras otra, han repetido el mismo veredicto: las acusaciones de corrupción, aunque graves y vinculadas a confesiones de exfuncionarios como Susana Villarán, no son suficientes para anular los contratos mientras no exista una sentencia judicial firme en Perú. La estrategia de la MML de usar la corrupción como escudo ha sido desmantelada, dejando a la ciudad expuesta y endeudada.
La justicia estadounidense fue categórica al desestimar los argumentos de la municipalidad, incluyendo supuestos fraudes procesales y mala conducta de los tribunales arbitrales. «El Tribunal de Distrito no incurrió en error», sentenció la corte de apelaciones, cerrando la puerta a cualquier esperanza de anulación.
La amenaza se multiplica: la factura real que pagará cada ciudadano
¿Qué significan estos 250 millones de dólares para el habitante de a pie? Significan el principio del fin para las promesas de una mejor ciudad. El dinero para pagar esta deuda colosal deberá salir de alguna parte, y los recortes serán brutales:
- Parálisis total de obras: Despídete de los proyectos de infraestructura vital. La ampliación de vías, la mejora del transporte público y la construcción de nuevos espacios públicos quedarán congelados indefinidamente.
- Servicios básicos en riesgo: Prepárate para ver menos serenazgo en las calles, una limpieza pública deficiente y un abandono del mantenimiento de pistas y veredas. La seguridad y la calidad de vida serán las primeras víctimas.
- Alza de Impuestos y Embargos: Si los recortes no bastan, la única salida para la MML será exprimir más a los contribuyentes con aumentos de impuestos y arbitrajes. Peor aún, las empresas ganadoras podrían iniciar procesos de embargo contra los bienes y cuentas de la municipalidad, paralizando por completa su operatividad.
Y la amenaza mayor está por venir
Como si este panorama no fuera lo suficientemente oscuro, una espada de Damocles mucho más grande pende sobre el país. Brookfield, accionista principal de Rutas de Lima, ha escalado el conflicto a un nivel superior, demandando al Estado Peruano ante el CIADI por la asombrosa suma de US$ 2.700 millones de dólares.
Esta megademanda, originada por los intentos de la gestión de López Aliaga de expropiar y terminar unilateralmente la concesión, podría convertir la actual crisis municipal en una catástrofe nacional.
Lima está atrapada. Acorralada por deudas millonarias, con una estrategia legal agotada y enfrentando amenazas aún mayores, la ciudad se asoma a un abismo. La negativa a aceptar la realidad legal no es un acto de soberanía, sino el acelerador de un colapso inminente cuyas consecuencias recaerán, como siempre, sobre los hombros de sus casi 10 millones de habitantes.
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