Por: Javier Yoplac (Editorial)
Rafael López Aliaga llegó a la alcaldía con la promesa de transformar Lima en una «potencia mundial», apalancado en su imagen de empresario exitoso. Casi dos años después, esa visión se desvanece y la figura del gestor eficiente se resquebraja, especialmente en la administración de la Municipalidad de Lima. Su manejo, a menudo deplorable, parece más el de un intermediario de grandes intereses que el de un líder con un plan claro para la ciudad.
El punto de quiebre más reciente es la controversial «donación» de 19 locomotoras y 90 vagones de 40 años de antigüedad, provenientes de la empresa estatal Caltrain de California. Lejos de ser un regalo, esta operación le costará a Lima un desembolso inicial de 24 millones de dólares, de los cuales 7 millones son un simple cargo por aceptar el material. Uno se pregunta si el señor López Aliaga gestiona sus empresas privadas con la misma lógica.
El absurdo no termina ahí. Para justificar la antigüedad y tecnología de los trenes, el señor Juan de Dios Olaechea y diversos medios afines han salido a defenderlos, calificándolos de «diésel-eléctricos». Es una justificación irrisoria. Bajo esa misma lógica, cualquier vehículo diésel que genere electricidad para sus componentes internos podría considerarse «eléctrico». Un retroceso evidente si lo comparamos con el Tren Eléctrico ya existente.
El agujero financiero amenaza con ser mucho más profundo. Un informe del portal «La Encerrona» alertó sobre un presunto comunicado de la Casa Blanca que anunciaría una compra adicional de rieles, sistemas de señalización y protección por 500 millones de dólares, necesarios para que estos trenes puedan operar. De ser cierto, los 24 millones iniciales serían apenas la punta del iceberg. ¿De dónde saldrá ese dinero? La Municipalidad ya se ha endeudado para cubrir el costo inicial mediante bonos con un altísimo interés del 10% anual.
A los problemas financieros y técnicos se suman los logísticos y legales. ¿Ignora el alcalde que la vía férrea de Desamparados a Chosica ya está concesionada? ¿O acaso el plan es entregar estos trenes a un operador privado para que gestione la ruta? Además, debido a que el trazado atraviesa zonas densamente pobladas, la velocidad de operación no superaría los 15 km/h, convirtiendo el viaje a Chosica en una travesía de dos o tres horas. ¿Se ha aceptado la «donación» sin tener un estudio técnico ni un plan de ruta definido?
La presencia del señor Olaechea como único «experto» autorizado en medios de comunicación masiva es, por decir lo menos, sospechosa. Resulta vergonzoso que la prensa tradicional no cuestiona sus vínculos comerciales con López Aliaga, que, según denuncias, datan de 1990. Su rol como supuesto negociador de esta adquisición arroja una sombra de conflicto de interés sobre todo el proyecto.
Aunque los defensores de la compra apelen a la estética de los vagones para una foto en redes sociales, el debate de fondo no es si los trenes son «lindos» o de acero inoxidable. La pregunta clave es: ¿Cuál es el costo-beneficio para Lima? Chile adquiere trenes modernos y eficientes; nosotros estamos pagando millones por tecnología obsoleta que nadie más quiso, ni regalada.
En resumen, estamos ante una operación que se perfila como un despropósito: se paga por una donación, se adquiere deuda a un alto costo, se carece de estudios técnicos y se beneficia a un privado con un proyecto cuya rentabilidad es más que dudosa. ¿Será un servicio autosostenible o terminará siendo subsidiado con el dinero de todos los limeños, como se amenaza constantemente con el Metropolitano?
Este no parece ser un negocio para Lima, sino un negocio hecho a costa de la ciudad de Lima. Los ciudadanos merecen transparencia y proyectos viables, no experimentos costosos y opacos que han sido bautizados popularmente, y con razón, como los «trenes chatarra de Porky».
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