El Ministerio de Justicia (Minjus) emitió hoy un pronunciamiento en respuesta a lo dicho por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, sobre el proyecto de ley de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo.
Tras recibir el informe del embajador de Perú en España, en relación a las declaraciones realizadas por Alva en el sentido que la iniciativa de reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo “no establece un adecuado equilibrio de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso”, el Minjus precisó lo siguiente:
- Las figuras de la vacancia presidencial y la cuestión de confianza tal como están reguladas actualmente han conllevado a que en el último quinquenio seamos testigos de una grave inestabilidad política, dando lugar a 5 pedidos de vacancia, la renuncia y destitución del presidente de la República y la disolución del Congreso.
- Frente a ello, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley 474/2021-PE, que busca precisar la causal de vacancia por incapacidad moral del presidente por la de incapacidad mental, de manera tal que la conducta del presidente pueda ser evaluada sobre la base de criterios objetivos.
- La propuesta también limita la cuestión de confianza solo para asuntos de competencia del Ejecutivo relacionados a la política general del Gobierno, así como prohíbe que esta verse sobre materias exclusivas y excluyentes del Congreso y elimina la cuestión de confianza obligatoria en el voto de investidura.
- Consecuentemente, esta propuesta mantiene la posibilidad de la vacancia presidencial, de la acusación del presidente de la República, la interpelación y censura de los ministros por parte del Congreso, mientras que delimita la cuestión de confianza, a fin de buscar un adecuado equilibrio y estabilidad en el manejo político del país.
- Esta propuesta respondió al consenso arribado en la sesión 131 del Acuerdo Nacional -donde participó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto- en la cual se acordó la eliminación de la incapacidad moral permanente para sustituirla por un juicio político, así como eliminar la cuestión de confianza obligatoria. Esto es lo que hace el mencionado proyecto de ley.