El contralor Nelson Shack destacó que recientemente el Congreso aprobó la ley que permite expandir el control concurrente a nivel nacional, confiando en que su aplicación contribuirá a mejorar la gestión de proyectos e intervenciones públicas en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.
Indicó que un reciente informe del INEI, sobre la gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones públicas 2020, muestra que el nivel más bajo de confianza ciudadana está en los gobiernos regionales (10,7%); las municipalidades provinciales (14%) y distritales (14,8%).
Precisamente sobre estas instituciones, la Contraloría detecta y recibe los mayores reclamos por obras mal diseñadas, inconclusas y hasta abandonadas, por servicios deficientes en salud, transportes y comunicación, educación, entre otros, que finalmente no cumplen los objetivos para los que fueron impulsados, y que, como consecuencia, no terminan de resolver las necesidades ciudadanas.
“En los actuales escenarios que vive el país, la fortaleza del control concurrente radica en el acompañamiento simultáneo, preventivo, multidisciplinario, oportuno y célere al gestor público durante los distintos momentos clave de la contratación y ejecución de un bien, servicio u obra pública. Prevenir es siempre mejor que lamentar”; manifestó.
Agregó que, en la práctica, lo que permite el control concurrente es alertar oportunamente los riesgos y situaciones adversas identificadas durante el servicio de control, y compromete a los gestores públicos a que adopten las medidas correctivas inmediatas.
Explicó que no se toman decisiones por el funcionario, sino que se le orienta a que haga bien su trabajo, y de esta manera evite incurrir en irregularidades -que son precisamente las que afectan o perjudican la finalidad de la intervención pública- y se generen posteriormente perjuicios al Estado y responsabilidades administrativas, civiles y penales.