El Poder Ejecutivo oficializó la aprobación de la Estrategia de Integridad para el año 2022, la cual establece un paquete de diez medidas prioritarias que buscan prevenir actos de corrupción en las entidades gubernamentales.
Las acciones para combatir este flagelo están contenidas en el Decreto Supremo Nº 180-2021-PCM, publicado hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
La estrategia tiene por finalidad fortalecer la respuesta coordinada de todas las entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo, para asegurar el cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y la implementación del Modelo de Integridad para las entidades del sector público.
Asimismo, asegurar la buena marcha de las entidades del Poder Ejecutivo, a través de la mitigación de riesgos que afectan la integridad pública y que dan paso a la ocurrencia de posibles actos de corrupción, así como de faltas administrativas y prácticas cuestionables.
Estas son las medidas que contiene la estrategia:
1) Implementar mecanismos de diligencia debida para la designación y contratación de funcionarios, servidores y locadores
2) Fortalecer capacidades y desarrollar campañas de información, difusión y sensibilización interna y externa en materia de integridad pública.
3) Asegurar la implementación del Registro Estándar de Visitas en Línea.
4) Asegurar el cumplimiento estricto de las normas para prevenir y gestionar posibles conflictos de intereses.
5) Implementar el Registro de Solicitudes de Atención de Audiencias de Gestiones de Intereses.
6) Identificar riesgos que afectan la integridad pública.
7) Aplicar el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción e implementar el Modelo de Integridad.
8) Fortalecer la institucionalidad en materia de Transparencia e Integridad Pública.
9) Impulsar mecanismos de voluntariado.
10) Asegurar la implementación de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y fortalecer las medidas de protección e incentivos para el denunciante.
El dispositivo legal fue refrendado por el presidente Pedro Castillo, la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez y ministros de Estado.