El Poder Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Legislativo antes de someterse a un referéndum.
A través de un comunicado, el Consejo de Ministros indica que la referida norma vulnera el derecho fundamental de participación política directa de la ciudadanía, reconocido en el artículo 31 de la Constitución y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
«(…) Al restringir arbitrariamente la realización de referéndum y condicionar que la consulta popular sea aprobada previamente por el Congreso, lo cual sería abiertamente inconstitucional», señala.
Asimismo, explica que la norma, aprobada por insistencia en la víspera en pleno del Congreso, también vulnera principios constitucionales como el balance de poderes y la democracia.
📰 Comunicado | Frente a la decisión del Congreso de la República de aprobar por insistencia la Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, el Consejo de Ministros señala lo siguiente ⤵️ pic.twitter.com/nqvIKQbkGx
— Consejo de Ministros (@pcmperu) January 22, 2022
«El referéndum es la expresión máxima del principio democrático, pues constituye un pronunciamiento del pueblo, que es titular del poder constituyente, tal como lo establece el artículo 45 de la Constitución», precisa.
Además, sostiene que resulta «inconcebible» que en una democracia se desconozca el derecho de los y las ciudadanas a decidir de manera directa sobre los diferentes ámbitos de la sociedad, «no solo porque es una manifestación directa de la dignidad humana, sino porque es garantía para el ejercicio de otros derechos fundamentales.
«El Gabinete Ministerial deplora que el Congreso de la República no haya promovido un debate amplio de esta norma, con opiniones técnicas y, sobre todo, permitiendo la participación ciudadana, pues recorta un derecho como el referéndum, al condicionar todas las materias susceptibles de consulta popular», agrega.
En tal sentido, asegura que el Consejo de Ministros seguirá defendiendo al pueblo de este tipo de decisiones adoptadas «de espaldas a su población, que en su legítimo derecho desea organizarse para hacer oír su voz pues siente que no es lo suficientemente escuchada».
«(…) E insistirá en la defensa de los principios democráticos que son la base fundamental para la construcción de un país que promueve la justicia y el bienestar de toda su población», añade.