Editorial: Javier Yoplac
Lo que presenciamos este 14 de agosto en Pueblo Libre no fue una Sesión Solemne; fue el bochornoso montaje de una farsa. Fue la crónica de un despropósito anunciado, donde la terquedad política decidió ignorar la ley, la historia y, sobre todo, la inteligencia de sus vecinos.
Ver a una alcaldesa instalar un acto oficial con apenas dos de sus nueve regidores no es un símbolo de autoridad, es la viva imagen de la soledad que acompaña a quienes gobiernan de espaldas a la razón.
El suspenso de la alcaldesa Mónica Tello antes de ceder la palabra y la acrobacia verbal de su secretaria general Yesabell Ostos para evitar pronunciar la inexistencia del «quórum respectivo» no son meras anécdotas. Son la confesión en vivo y en directo de que sabían que estaban cometiendo un acto irregular. Fue un acto fallido freudiano en plena gestión municipal: sabían que la sesión era ilegal, pero la soberbia política les impidió detenerse.
Seamos claros: la ausencia de siete regidores no fue un acto de rebeldía ni un capricho. Fue un acto de decencia y de cumplimiento del deber. Al menos de la mayoría. Su deber no es sentarse a calentar una silla para validar una mentira, sino fiscalizar y defender la legalidad. Y la legalidad en Pueblo Libre tiene nombre y fecha: Acuerdo de Concejo N° 022-2015-MPL, el cual establece, con la claridad de la ley y los documentos históricos, que el aniversario de Creación Política es el 10 de abril.
Insistir en celebrar una «fundación histórica» basada en un acuerdo anterior (del 2012), que es legalmente más débil que un castillo de naipes y que fue tácitamente derogado por el de 2015, es un acto de contumacia inaceptable. Es como si un conductor decidiera seguir guiándose por un mapa antiguo y desactualizado, ignorando deliberadamente la carretera nueva y pavimentada, para luego estrellarse y culpar al mapa viejo.
Pero esta farsa no es gratis. Detrás de los discursos vacíos y las sillas vacías, hay algo muy concreto: el dinero de los contribuyentes. Mientras se montaba este teatro de la ilegalidad, se planificaban conciertos y celebraciones costosas. ¿Con qué autoridad moral se gastan los recursos de todos los vecinos de Pueblo Libre en una fiesta basada en una fecha incorrecta y en un acto administrativo nulo? Cada sol gastado en esta celebración es un insulto a la legalidad y una bofetada a la transparencia.
La Contraloría General de la República tiene aquí un caso servido en bandeja de plata. No se necesita ser un experto jurista para entender que destinar fondos públicos a un evento sustentado en una sesión ilegal y en un acuerdo derogado, huele, como mínimo, a un uso indebido de recursos.
Lo sucedido obliga a una reflexión profunda. Esto ya no se trata de una simple discrepancia sobre una fecha. Se trata del respeto a las propias normas que emanan del Concejo Municipal. Se trata de si una gestión puede, por capricho o cálculo político, pisotear un acuerdo vigente para revivir uno que le resulta más conveniente para la foto y el festejo.
La alcaldesa Tello y su equipo tienen la oportunidad de rectificar. Lo correcto sería cancelar los festejos restantes, reconocer públicamente la validez del Acuerdo de 2015 y pedir disculpas por haber sometido al distrito a este bochornoso suceso. Los regidores que defendieron la legalidad con su ausencia, por su parte, deben formalizar su denuncia y no cejar en su labor fiscalizadora.
Pueblo Libre, distrito con una historia real tan rica y heroica, no merece celebrar mitos. Merece que sus autoridades honren su verdadera fecha de creación, que respeten la ley y que administren sus recursos con la solemnidad que sus cargos exigen. Lo demás, como hemos visto, es simplemente un triste espectáculo.
Implicancias y validez legal: Un acto nulo de origen
La decisión de la alcaldesa de proceder con la Sesión sin quórum, tiene graves consecuencias legales y administrativas.
- Nulidad Absoluta del Acto: Según el artículo 16° de la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 27972), el quórum (la mitad más uno de los miembros hábiles) es un requisito indispensable para la instalación de cualquier sesión del concejo. Al no cumplirse, la Sesión Solemne es legalmente inexistente. Todos los actos, discursos y honores realizados dentro de ella carecen de validez oficial.
- Responsabilidad de la Alcaldía: Al instalar una sesión contraviniendo la ley, la alcaldesa Mónica Tello podría enfrentar responsabilidad administrativa. Se está ignorando deliberadamente no solo la Ley Orgánica de Municipalidades, sino también un acuerdo de concejo vigente (el de 2015).
- Posible Malversación de Fondos: El gasto en celebraciones, que incluye un gran concierto para el 16 de agosto, queda en una posición extremadamente vulnerable. Destinar recursos públicos para conmemorar un acto (la Sesión Solemne) que es legalmente nulo y que se basa en un acuerdo derogado, podría ser observado por la Contraloría como un uso indebido de fondos.
- Posición Reforzada de los Regidores Ausentes: Su inasistencia no es una falta, sino el cumplimiento de su deber de fiscalización. Al negarse a participar, impidieron la convalidación de un acto irregular y defendieron la legalidad y la vigencia del Acuerdo de 2015. Cualquier intento de sancionarlos sería infundado y fácilmente rebatible en instancias superiores.
Recomendaciones y el camino a seguir
Ante esta crisis de legalidad institucional, se abren varios caminos de acción necesarios para restaurar el orden y la transparencia:
- Para los Regidores Ausentes: Es crucial que formalicen su posición. Deben presentar un documento al Despacho de Alcaldía, con copia a la Contraloría y al Jurado Nacional de Elecciones, detallando las irregularidades de la convocatoria y la instalación de la sesión, citando la vulneración de la Ley Orgánica y del Acuerdo de Concejo N° 022-2015. En él, deberían solicitar la nulidad de todo lo actuado y el cese de los gastos asociados a esta celebración.
- Para la Gestión Municipal: La alcaldía debería emitir una rectificación pública, reconocer la vigencia del Acuerdo de 2015 y cancelar los eventos que se sustentan en una fecha sin validez legal. Continuar con las celebraciones solo agravaría la irregularidad y el potencial mal uso de los recursos del distrito.
- Para la Contraloría General de la República: Este caso amerita una intervención de oficio para auditar los gastos realizados en las celebraciones de agosto, determinando si el uso de fondos públicos para un evento sin sustento legal ni institucional constituye una infracción administrativa o un perjuicio económico para el Estado.
La fallida sesión en Pueblo Libre ha dejado de ser un debate sobre historia para convertirse en un claro caso sobre el respeto al estado de derecho. Los ciudadanos merecen que sus autoridades actúen con apego a la ley, honren la historia real de su distrito y administren los recursos públicos con transparencia y legalidad.
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