La apertura del proceso penal por el caso esterilizaciones forzadas es una luz y aliento de esperanza en la búsqueda de justicia, señaló la organización Demus, que ejerce la defensa de las víctimas.
En la víspera, el Poder Judicial abrió proceso penal al expresidente Alberto Fujimori y a sus exministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, y a Ulises Jorge Aguilar, como presuntos autores mediatos.
Se les procesará por presunta autoría del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de grave violación de derechos humanos en agravio de Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre y otras.
«Para Demus, la decisión del Juez de activar la investigación judicial contra los denunciados es una luz y aliento de esperanza en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas sobrevivientes y familiares», señaló la organización.
En el caso de Fujimori, el juez resolvió la suspensión del proceso penal hasta que el Gobierno de Chile se pronuncie sobre la ampliación de su extradición por el caso de las esterilizaciones forzadas.
«Saludamos los esfuerzos de las primeras denunciantes, así como de todas las defensoras y organizaciones que las acompañan. Exigimos al Poder Judicial tomar las medidas necesarias para que las víctimas logren justicia y reparaciones integrales», añadió Demus.
Según la tesis fiscal, los implicados en la presunta violación de derechos humanos habrían tenido participación directa en el proceso de esterilizaciones forzadas contra mujeres quechua hablantes de zonas andinas y selva del país que no habían recibido la información.
Parte de las evidencias fiscales es que los documentos de consentimiento que se hacían firmar a las mujeres quechua hablantes estaban en español.
Más de 1,300 mujeres habrían sido sometidas a estas prácticas irregulares de planificación familiar, indicó el Ministerio Público.