Por: Beatriz Mejía Mori
Mientras la clase política se pelea enrostrándose actos de corrupción ordinaria de la administración pública, la que está presente en todos los gobiernos de izquierda y derecha, sin que ningún partido se moleste en plantear un proyecto de ley para acabar con las prebendas de las adquisiciones y contrataciones del Estado en manos de autoridades políticas en lugar de técnicas, la peor corrupción de los siglos sigue viento en popa con el aval de los medios de comunicación y la bendición de todos los Poderes del Estado.
Penosamente, gran parte de autoridades siguen creyendo que la vacunación transhumanista, que está ocasionando daños graves a la salud y a la vida de la humanidad, los protege de la covid, lo que a estas alturas, con un anunciado aumento del 70 % de contagios en una supuesta cuarta ola, ya es una ignorancia inexcusable, dados además los informes científicos y el escándalo mundial sobre el contenido tóxico, letal, y de instrumentalización de control de la población mundial de estas falsas vacunas.
“Vacunas” que han demostrado no haber sido creadas para salvarnos de la covid, sino que mutaron el coronavirus para hacerlo letal e imponernos sus falsas vacunas, a cuyo efecto ejecutaron una plandemia, que parece no tener fin en el Perú, por ser considerado por la OMS, país pobre, que debe seguir inoculándose las inyecciones genocidas que los países desarrollados ya no se quieren poner por estar informados de la verdad, aprovechando un gobierno peruano diligente en imponer esta falsa vacunación a su pueblo y a éste que peca de obediente cuando no debe serlo, por estarse atentando contra su vida y su libertad.
Si vemos los continuos desembolsos de cientos de millones del MEF al Minsa para compra de sustancias de alta peligrosidad que llaman “vacunas”, y para emolumentos del personal sanitario que las impone, podremos entender la diligencia de este ministerio más conocido de “la muerte” en redes sociales, por haberse convertido en el órgano central operativo a nivel nacional del plan de exterminio y de codificación de los sobrevivientes del pueblo del Perú.
La plandemia, contra toda razón lógica y moral, continúa, promovida por una red de corrupción gubernamental y privada legalizada por decretos (ya estamos en el 076-2022-PCM), por un gobierno que no alcanza a entender que sus más conspicuos representantes terminarán sus días en una cárcel con cadena perpetua por haber cometido delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra su propia nación.
Fuente: Expreso