Quince exfuncionarios de la Municipalidad de Pueblo Libre, durante la gestión del exalcalde Jhonel Leguía, se encuentran en la mira por presuntos actos irregulares con indicios delictivos. La Contraloría General de la República, a través de su Órgano de Control Interno (OCI), ha detectado graves anomalías en la suscripción de una adenda al Contrato No. 002-2016-MPL, ascendente a S/1,433,884.40, para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos correspondiente al periodo 2016-2019.
El Informe de Control Específico No. 16-2020-2-2160-SCE detalla las irregularidades y ha solicitado a la actual gestión municipal, encabezada por Stephen Haas Del Carpio, tomar acciones. Específicamente, se instó al Gerente Municipal, Karl Paul Mandros Poblet, a iniciar los procesos sancionadores correspondientes, y al Procurador Municipal, Max Daniel Crespo Loayza, a interponer denuncias penales contra los implicados.
Los Señalados por la Contraloría:
La lista de exfuncionarios involucrados y las acciones solicitadas contra ellos son:
Con denuncia penal y Proceso Administrativo Disciplinario:
- Nelson Ivan Puch Chang
- María Consuelo Sipión Zapata de Campos (mantenida en el cargo por la gestión Haas a pesar de cuestionamientos)
- Edward Werner Escobar Condor (mantenido en el cargo por la gestión Haas a pesar de cuestionamientos)
- Edgar Gustavo Ramírez Zavaleta
- Veronika Janinne Luna-Victoria Becerra
- Alex Agustín Mori Puescas
Con Proceso Administrativo Disciplinario:
- Kevin Jacques Torres Chavez
- Gabriela Milagros Salazar Mattos
- Aníbal Denis Cotrina Reyes
- Eloder Valentín Alana Atavillos
- Javier Jesús Alzamora Lopez
- Edward Fernando Choque Lopez
- Bertha Lucía Mathews Valverde
- Luis Miguel Sánchez Rivera
- Juan Edgar Fiestas Granados
Cronología de una Adenda Cuestionada
El caso se origina con el concurso para el servicio de recojo de basura, adjudicado a la empresa Industrial Arguelles y Servicios Generales S.A.C. Desde el inicio, llamó la atención que la Municipalidad de Pueblo Libre (MPL) estableciera como unidad de medida el «número de viajes», a diferencia de la práctica común de tarificar por tonelada métrica recolectada.
- 2 de diciembre de 2015: Veronika Luna-Victoria Becerra (Subgerente de Logística) solicita una previsión presupuestal de S/10,181,035.55 para 2016-2018, cifra superior al valor referencial aprobado de S/8,708,973.00. A pesar de ello, el presupuesto es aprobado.
- 17 de febrero de 2016: Haidi Montero Ñavincopa (Gerente de Administración y Finanzas) suscribe el contrato original por S/8,708,973.00 con Industrias Arguelles, con vigencia hasta el 1 de marzo de 2019.
3 de marzo de 2016 (dos días después de iniciado el servicio): Nelson Puch Chang (Subgerente de Gestión Ambiental), sin tener competencia para ello y sin sustento, modifica horarios y la flota vehicular mediante un «Acta de Acuerdo», alterando así el número de viajes.
La Polémica Ampliación:
- 6 de abril de 2018: Edward Escobar Cóndor (Subgerente de Gestión Ambiental) solicita a María Consuelo Sipión Zapata (Gerente de Desarrollo Urbano) la ampliación del contrato vía adenda por S/1,433,884.40 (16.44% adicional), argumentando la necesidad de no interrumpir el servicio. Dicha ampliación extendería el contrato hasta el 1 de marzo de 2019, ya bajo la siguiente gestión municipal (que recayó en Stephen Haas, exasesor de Leguía).
- 6 de setiembre de 2018: Nilton Chacaliaza Marañón (Gerente de Asesoría Jurídica) emite un informe (No. 071-2018-MPL-GAJ) concluyendo que no es posible incorporar modificaciones al contrato original y recomienda no apartarse de las condiciones iniciales.
- 17 de setiembre de 2018: Pese a la opinión legal, Alex Mori Puescas (Subgerente de Logística) recomienda a Edgar Ramírez Zavaleta (Gerente de Administración y Finanzas) proceder con la adenda, argumentando la «necesidad pública» y la falta de pronunciamiento de Asesoría Jurídica (ignorando el informe previo).
- 19 de setiembre de 2018: El Gerente de Asesoría Jurídica alerta a la Gerencia Municipal que el Subgerente de Logística no ha tomado en cuenta su recomendación contraria a la adenda.
- 21 de setiembre de 2018: En un mismo día, Edgar Ramírez Zavaleta (Gerente de Planeamiento y Presupuesto en ese momento) se otorga a sí mismo la certificación de crédito presupuestario para la adenda por S/1,433,884.40. Paralelamente, Adolfo Granados Novoa (Gerente Municipal) reitera que la modificación del contrato no es procedente.
- 24 de setiembre de 2018: Haciendo caso omiso a las advertencias legales y de la propia Gerencia Municipal, Edgar Gustavo Ramírez Zavaleta (ahora como Gerente de Administración y Finanzas) y Alex Agustín Mori Puescas (Subgerente de Logística) suscriben la adenda con la empresa.
El «Camión Fantasma» y Justificaciones Débiles
Un informe técnico de enero de 2016 (No. 02-2016-MPL-GDU/SGGA/YMM), firmado por la especialista Yanina Meza Margal, ya había concluido que el distrito no superaba las 70 toneladas métricas diarias de residuos y que los vehículos existentes terminaban sus rutas sin copar su capacidad. Por ende, no se justificaba un octavo vehículo compactador, que fue uno de los argumentos para la adenda.
Pese a ello, funcionarios como Nelson Iván Puch Chang, Luis Sánchez Rivera, Aníbal Denis Cotrina Reyes, Edward Werner Escobar Condor y María Consuelo Sipión Zapata dieron conformidad de pago a la adenda. Incluso Eloder Valentín Alavia Atavillos (Supervisor de Limpieza Pública) certificó el cumplimiento de los viajes, sin advertir que las unidades podrían no estar operando a su máxima capacidad, perjudicando económicamente a la municipalidad.
Funcionarios de la Gerencia de Administración y Finanzas como Edgar Gustavo Ramírez Zavaleta y Veronika Janinne Luna-Victoria Becerra emitieron resoluciones reconociendo la deuda, visadas por Alex Mori Puescas, Bertha Matheus Valverde (Subgerente de Tesorería), Juan Edgar Fiestas Granados (Subgerente de Logística) y Gabriela Milagros Salazar Mattos (Subgerente de Contabilidad).
Indicios de Concertación y Sobrepresupuesto
Para agravar la situación, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) alertó en su momento que los accionistas de las dos únicas empresas participantes en el concurso público original eran familiares: Alex Arguelles Atahualpa (Representaciones Peruanas del Sur S.A.C.) y Aniceto Elvis Arguelles Loayza (Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C.). El OCI señala que esta situación, no advertida por los funcionarios, podría haber generado una concertación de precios.
Además, se critica que la gestión de Leguía estableciera el precio por viaje (S/1,136.20 por cada uno, aparentemente sin ir llenos) y no por tonelada, dificultando un control efectivo del gasto. La adenda fue incluida y pagada parcialmente (S/7,399,630.52 del total modificado), a pesar de que el presupuesto original ya estaba comprometido y existía un saldo por pagar de S/1,433,884.40, que podría generar futuras acciones legales contra la municipalidad.
Violación de la Normativa Vigente
Las presuntas irregularidades contravienen normativas clave:
El artículo 30 de la Ley de Descentralización Fiscal (D.L. 955) prohíbe a los funcionarios comprometer gastos corrientes que impliquen pagos posteriores a la gestión durante el último año de mandato.
El artículo 26 de la Ley General del Presupuesto (Ley No. 28411) establece que cualquier gasto debe supeditarse estrictamente a los créditos presupuestarios aprobados, sancionando con nulidad y responsabilidad del titular cualquier contravención.
La Sombra Persiste: Recojo de Basura en la Gestión Haas
La problemática del recojo de residuos sólidos no parece haber terminado con el cambio de gestión. Según se indica, la administración del actual alcalde Stephen Haas Del Carpio no ha logrado, en dos años y medio, realizar una licitación óptima para este servicio, recurriendo a contrataciones directas. Incluso, se menciona una denuncia del Procurador ante la Fiscalía por una presunta manipulación informática en la plataforma SEACE que habría frustrado un proceso de concurso.
Este medio intentó comunicarse con el exalcalde Jhonel Leguía para obtener su descargo sobre las imputaciones del informe de la OCI, sin obtener respuesta al cierre de esta edición. La investigación y las responsabilidades administrativas y penales de los exfuncionarios involucrados determinarán el curso de este caso que ha afectado las arcas de Pueblo Libre.