Un informe técnico clave para validar la millonaria compra de radios de seguridad en Pueblo Libre hace referencia a un modelo de «estación base» que no corresponde al equipo ofertado ni entregado por el contratista. Este hecho, revelado por un informe de la Contraloría, arroja serias dudas sobre la rigurosidad de la supervisión técnica y agrava las irregularidades ya detectadas en el proceso de adquisición valorizado en más de 369 mil soles.
Lima, 24 de agosto de 2025.- El escándalo por la adquisición de radios para el Serenazgo de Pueblo Libre suma un nuevo y preocupante capítulo. La Contraloría General de la República no solo ha detectado demoras injustificadas y deficiencias en la conformidad de la compra, sino que ha descubierto un error fáctico que pone en tela de juicio toda la verificación técnica del equipamiento: un informe crucial cita un modelo de equipo completamente distinto al que la municipalidad compró.
Según el Informe de Hito de Control N° 010-2025-OCI/2160.SCC, el documento elaborado por el ingeniero de telecomunicaciones contratado para certificar la instalación y funcionamiento de los equipos describe actividades relacionadas con una «estación base TETRA modelo MTM5X00». Sin embargo, este modelo no figura en la propuesta de la empresa ganadora, DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C., ni corresponde a los bienes que fueron finalmente entregados a la comuna.
Este hallazgo es significativo porque una estación base es el núcleo de la infraestructura de una red de radiocomunicación, responsable de gestionar el tráfico y asegurar la cobertura en un área determinada.
Por otro lado, los equipos realmente adquiridos por la municipalidad son 85 radios portátiles TETRA modelo MTP3550. Si bien ambos son parte de un sistema de comunicación, sus funciones y características técnicas son distintas. El informe del especialista debía centrarse en la correcta operatividad y configuración de los radios portátiles y el servicio troncalizado asociado, pero en cambio, detalla la «instalación y puesta en marcha» de un equipo inexistente en esta contratación.
Esta inconsistencia, que se repite a lo largo de todo el documento técnico, evidencia, según la Contraloría, una falta de diligencia alarmante. El órgano de control señala que el objetivo del especialista debía ser «la validación y verificación del cumplimiento de los Alcances del servicio establecidos en las Especificaciones técnicas de las Bases Integradas», lo que aparentemente no ocurrió con la debida rigurosidad.
Este grave error se suma a las otras «situaciones adversas» identificadas, como el retraso de más de 20 días en la emisión de la conformidad del servicio, lo que podría acarrear el pago de intereses a favor del contratista con dinero público. Además, la Contraloría ha criticado duramente la formalidad de los informes del especialista, que carecen de nomenclatura adecuada, no consignan su número de colegiatura y se atribuyen la potestad de «otorgar conformidad total», una función que le compete exclusivamente a la Gerencia de Coordinación de la Seguridad Ciudadana.
Ante la contundencia de las pruebas, el Órgano de Control Institucional ha recomendado a la alcaldesa Mónica Tello López adoptar «acciones preventivas y correctivas» de manera inmediata. La municipalidad está obligada a informar sobre las medidas tomadas en un plazo máximo de cinco días hábiles, mientras crece la preocupación sobre la transparencia y legalidad de una contratación clave para la seguridad de los vecinos de Pueblo Libre.
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