El regidor de la Municipalidad de Pueblo Libre, Daniel Martín Amaya Carranza, ha interpuesto una denuncia penal por presunto delito de abuso de autoridad contra la alcaldesa Mónica Rossana Tello López. La denuncia, presentada ante la Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena – San Miguel – Pueblo Libre, se centra en la emisión de Decretos de Alcaldía que regularían el internamiento de vehículos en el Depósito Municipal y la posterior aplicación de una multa y remolque al propio vehículo del regidor, sin el debido proceso y presuntamente sin la competencia legal municipal para tales acciones.
Según el documento presentado por Amaya Carranza, la alcaldesa Mónica Tello habría incurrido en abuso de autoridad al emitir el Decreto de Alcaldía N°009-2024-MPL, publicado el 25 de octubre de 2024, y su modificatoria, el Decreto de Alcaldía N°010-2024-MPL, del 7 de diciembre de 2024. Estos decretos establecen el “Reglamento de Intervención e Internamiento al Depósito Municipal de Vehículos (DMV) de la Municipalidad de Pueblo Libre”.
El regidor Amaya argumenta que estos decretos contravienen la propia Ordenanza N°556-2019 de la entidad edil, la cual, en su artículo 64 (literal b), fija un plazo de cinco días hábiles para que los presuntos infractores presenten sus descargos. Una omisión que, según la denuncia, elimina el debido proceso con fase instructora y sancionadora.
Un punto clave en la denuncia es el Informe de Orientación de Oficio N°001-2025-OCI/2160-SOO, de fecha 13 de marzo de 2025, emitido por el Órgano de Control Interno (OCI) de la Contraloría General de la República y remitido a la alcaldía. Este informe, según Amaya, ya advertía sobre la situación adversa, indicando que la Municipalidad de Pueblo Libre estaría sancionando con internamiento vehículos “sin cumplir el marco normativo establecido y emitido por la propia entidad edil”.
Además, el OCI habría señalado la falta de competencia de la Municipalidad para sancionar infracciones de tránsito, citando al Tribunal Constitucional. El informe establecería que las municipalidades no tienen atribuciones para emitir normativas que regulen el uso de vías públicas terrestres, establecer infracciones o sancionar a ciudadanos en este ámbito, lo que haría indebido el internamiento de vehículos y la aplicación de multas relacionadas.
La denuncia de Amaya Carranza toma un cariz personal cuando relata el “acto arbitrario directo”. El 31 de mayo de 2025, su vehículo de placa XXX-XXX fue internado en el depósito municipal y se le impuso una Notificación de Cargo N°0204176 por una supuesta infracción de tránsito, siguiendo el procedimiento establecido en los cuestionados Decretos de Alcaldía N°009 y N°010. Para liberar su vehículo, el regidor se vio obligado a pagar S/. 774.00, sin que se le ofreciera opción a descargo alguno.
Amaya sustenta su denuncia en la Ley N°27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el Decreto Supremo 016-2009-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito. Estas normativas, según el regidor, establecen claramente que la Policía Nacional del Perú es la autoridad competente para fiscalizar y sancionar infracciones de tránsito, y no los fiscalizadores municipales.
Entre las pruebas presentadas se encuentran los Decretos de Alcaldía cuestionados, el Informe de Orientación de Oficio de la Contraloría, la Notificación de Cargo, el Acta de Constatación, el Acta de Internamiento y Entrega de su vehículo, así como el voucher de pago. También se adjunta un video de la Sesión Extraordinaria N°03 del 17 de junio de 2025, que sería relevante para el caso.
El regidor Daniel Amaya Carranza solicita al Fiscal Provincial que, con base en lo expuesto, se proceda conforme a ley. La denuncia plantea serias interrogantes sobre las atribuciones de la municipalidad en materia de tránsito y el respeto al debido proceso en las acciones de fiscalización y sanción.
Municipalidad de Pueblo Libre sin Transparencia
Por otra parte, respecto a los pedidos que ha realizado el regidor Daniel Amaya a la Secretaria de la Municipalidad de Pueblo Libre indicó que ya tienen más de un mes y son reiterativos.
La solicitudes de información a que se refiere amaya son:
- Contratación Obra Servicio de Movilidad en el Jr. Rio Huarura (Monto: S/. 1,348,746.66 Soles).
- Adquisición de maquina pintarrayas (Monto: S/. 80,150 soles).
- Servicio de mantenimiento preventivo de la flota vehicular (Monto: S/. 585,536.60 soles).
- Servicio de impresiones anuales
- Servicio integral de gruas vehiculares y habilitación de un deposito (Monto: S/. 2,171,520 soles).
- Servicio de Seguro complementario de trabajo (Monto: S/. 181,202.89 soles).
- Adquisición de radios portatiles TETRA (Monto: S/. 406,812.67 soles).
- Servicio de plataforma de correo electrónico
- Proyecto del FOVIME en Paso de los Andes.
- Información sobre pedido del vecino Hernan Ramos Guerrero
- Información sobre el concierto del falso aniversario de Pueblo Libre
Según la Ley de Transparencia son 10 días, pero el refererido regidor indica a Léeme.pe, que ya pasó más de un mes desde que realizó otros pedidos y hasta la fecha no le son entregados.
Le sugerimos recurrir al Tribunal de Transparencia.
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