La Municipalidad de Pueblo Libre se encuentra en el ojo de la tormenta. Cinco regidores de la comuna han interpuesto una denuncia penal por el presunto delito de abuso de autoridad contra la alcaldesa Mónica Tello López y la Secretaria General, Yesabell Melina Ostos Rojas.
La acusación se origina en la polémica decisión de impedir el debate de dos cruciales Proyectos de Ordenanza durante la III Sesión de Concejo Extraordinaria, un acto que los denunciantes califican de «arbitrario» y un grave perjuicio para el futuro del distrito.
La denuncia, presentada por los regidores Pablo Núñez del Rio, Laura Lavarello Carbajo, Percy Azurin Cabezas, Sergia Quino Pelaez y Daniel Amaya Carranza, sostiene que la alcaldesa y su funcionaria se extralimitaron en sus funciones al frustrar la discusión de dos propuestas de alto impacto en la Sesión Extraordinaria de Concejo N° 03, del pasado 17 de junio.
Los Proyectos Censurados: ¿Qué se iba a Debatir?
La sesión había sido convocada ha pedido expreso de los regidores para abordar dos problemas urgentes. A continuación, un resumen de los proyectos que quedaron fuera del debate:
- Nombre Oficial: «Ordenanza que establece Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) para el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social, en el distrito de Pueblo Libre».
- El Problema: El proyecto buscaba frenar lo que los regidores denominan una «construcción desordenada» de Viviendas de Interés Social (VIS). Según la denuncia, la actual gestión ya ha aprobado 51 de estos proyectos, alterando el carácter residencial del distrito sin una planificación adecuada.
- La Solución Propuesta: La ordenanza proponía crear «Zonas Especiales de Interés Social» (ZEIS), delimitando geográficamente las únicas áreas donde se permitirían estas construcciones. Su principal argumento se basa en una sentencia clave del Tribunal Constitucional (302/2023), que ratificó que la zonificación, el planeamiento urbano y la altura de las edificaciones son competencias exclusivas de las municipalidades. Con esta norma, se buscaba equilibrar la necesidad de vivienda con un desarrollo urbano ordenado, protegiendo la calidad de vida de los vecinos.
- Nombre Oficial: «Ordenanza que deroga infracciones de tránsito del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), del distrito de Pueblo Libre».
- El Problema: La municipalidad estaría aplicando y cobrando multas de tránsito (por abandono de vehículo, estacionamiento en bermas, etc.) que, según sentencias del Tribunal Constitucional (como la 437/2023), los municipios distritales no tienen competencia para crear ni imponer. Dicha competencia recae exclusivamente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y su ejecución en la Policía Nacional.
- La Solución Propuesta: El proyecto buscaba derogar del Cuadro de Sanciones (CUIS) del distrito los códigos de infracción declarados ilegales. El objetivo era doble: por un lado, detener una práctica inconstitucional contra los ciudadanos y, por otro, evitar un futuro perjuicio económico para la municipalidad, ya que los vecinos afectados podrían demandar la devolución de su dinero, generando un gasto innecesario para las arcas municipales.
A pesar de que ambos proyectos estaban fijados en la agenda, al momento del debate, la Secretaria General, Yesabell Ostos, argumentó que los expedientes no contaban con los informes necesarios para ser discutidos. La alcaldesa Mónica Tello secundó esta postura, declarando en la sesión: «sería irresponsable de mi parte entrar a votación algo que no tiene un sustento legal (…), ¿qué se va a votar?».
«Un Acto Arbitrario y Lesivo»
Para los regidores denunciantes, esta acción constituye un claro abuso de autoridad. En su escrito, sostienen que, una vez convocada una sesión extraordinaria con una agenda prefijada, la ley y el reglamento interno del concejo obligan a debatir dichos puntos, sin que la alcaldesa o la secretaria general tengan la facultad de impedirlo.
Argumentan que la decisión de no debatir fue «un acto arbitrario» que vulnera su derecho y deber funcional de proponer y fiscalizar. «No le corresponde a la Alcaldesa atribuirse la responsabilidad del Concejo, pues es cada regidor el responsable de sus propios actos», se lee en la denuncia.
La denuncia ya se encuentra en manos del Ministerio Público, que deberá evaluar las pruebas presentadas —incluyendo el video de la Sesión de Concejo y los proyectos de ordenanza— para decidir si formaliza una investigación contra la alcaldesa Mónica Tello y su Secretaria General.
Este episodio no solo agudiza la fractura política en Pueblo Libre, sino que pone sobre la mesa el debate sobre los límites del poder en la gestión municipal.
Leer más:
- Municipalidad de Pueblo Libre interna vehículos y multa a ciudadanos saltándose el Debido Proceso y excediendo sus Competencias
- Pueblo Libre insiste con depósito vehicular y multas por mal estacionamiento pese a fallo del TC
- Tribunal Constitucional anula Ordenanza de La Victoria que sancionaba a vehículos mal estacionados
- Los Trenes Chatarra de Porkys: Un negocio que descarrila