Por: Javier Yoplac (Director)
El acoso no cesa, la indefensión es la norma. Cada llamada de un número desconocido es una ruleta rusa para millones de peruanos. ¿Será una emergencia familiar, una oferta de tarjeta de crédito no solicitada o, peor aún, un intento de estafa como el «fraude del sí»?
Esta incertidumbre, que nos obliga a vivir en un estado de alerta y desconfianza permanente, tiene un responsable principal: un Estado ausente que, pese a las leyes, no ha implementado la medida más crucial y elemental para proteger a sus ciudadanos ya su economía.
El problema central no es solo el spam, que continúa a pesar de las normativas. El núcleo de nuestra vulnerabilidad es el caos absoluto en la identificación. Las empresas de telefonía y otras entidades comerciales nos llaman desde cientos de números celulares aleatorios. Esta práctica deliberada de «camuflaje numérico» hace imposible que el usuario sepa quién está al otro lado de la línea, creando el caldo de cultivo perfecto para el fraude y el acoso.
En mayo de 2025, se publicó con optimismo la Ley N° 32323, que prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento previo del consumidor. La ley, en su texto, era prometedora. Más importante aún, otorgaba un plazo máximo de 60 días al Poder Ejecutivo —que venció el 8 de julio de 2025— para establecer una numeración telefónica especial para los proveedores. Esta era la solución de fondo: una suerte de DNI para las empresas, un código o prefijo único que las identificaría de manera inequívoca.
Ese plazo ya expiró y el «DNI telefónico» sigue siendo una promesa incumplida. La herramienta que debía empoderar al ciudadano, permitiéndole identificar y decidir si contesta una llamada comercial, duerme en el limbo de la burocracia. Mientras tanto, la ley es papel mojado. ¿De qué sirve prohibir algo si no se entregan los mecanismos para hacerlo cumplir en la práctica?
Esta omisión del Estado es grave. No es un simple retraso administrativo; es la perpetuación de un estado de indefensión que tiene consecuencias reales. Nos han transferido toda la carga de la prueba y la prevención. Somos nosotros quienes debemos aprender a no decir «sí», a responder con preguntas evasivas y, en última instancia, a optar por lo que más del 55% de peruanos ya hace: no contestar llamadas de números desconocidos.
Pero esta no es una solución, es una rendición con daños colaterales devastadores. Porque este caos no solo perjudica al consumidor acosado, sino que se ha convertido en un ataque directo al motor de la economía peruana: el emprendedor. El pequeño empresario, el profesional independiente que lucha día a día por captar clientes, ahora se enfrenta a una barrera de silencio. Cada número desconocido que rechazamos por instinto de protección podría ser un negocio perdido, una venta frustrada o una oportunidad de crecimiento que se desvanece.
La tragedia se extiende incluso al ámbito personal. ¿Y si esa llamada ignorada no era un vendedor insistente, sino un familiar en una emergencia real, llamando desde un teléfono prestado? Al forzarnos a desconfiar de todo, el Estado no solo nos expone a estafas, sino que también nos aísla, dinamitando la confianza en la herramienta de comunicación más básica.
El Indecopi advierte con multas que pueden superar los 2 millones de soles, pero sin la reglamentación del número único, la fiscalización es una batalla cuesta arriba. ¿Cómo sancionar eficazmente a un infractor que se esconde detrás de un mar de números desechables?
La exigencia ciudadana debe ser clara y contundente. No queremos más leyes que suenen bien en los titulares pero que no cambien nuestra realidad. Exigimos que el Estado cumpla con su deber y haga cumplir la ley en su totalidad. Es imperativo que se implemente, sin más dilatación, el registro de numeración especial para todas las empresas.
Hasta que cada operadora, banco o casa comercial tenga su «DNI telefónico» visible en nuestra pantalla, seguiremos perdidos en la línea, respondiendo con miedo y a merced de quien sea que se esconda tras un número desconocido. La paz y la seguridad de los peruanos, y la salud de nuestros emprendimientos, no pueden seguir esperando.
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