Por: Javier Yoplac
Hay decisiones que no solo marcan un expediente, sino que ensombrecen la historia de una institución. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) presidida por, la magistrada, Luz Pacheco Zerga, sobre la ley de extinción de dominio pertenece, lamentablemente, a esta segunda categoría. No estamos ante un mero debate técnico sobre la retroactividad de una norma, sino frente a un acto político deliberado cuyas consecuencias prácticas son la protección del patrimonio de las más grandes organizaciones criminales y corruptas que han operado en el Perú.
Bajo el frágil pretexto de la «seguridad jurídica», el TC ha dinamitado el instrumento más eficaz que tenía el Estado para golpear a las mafias donde más les duele: en sus finanzas. Este fallo es, en la práctica, un salvavidas de más de mil millones de soles arrojados a las fortunas de Odebrecht y del clan Orellana. Es una amnistía patrimonial de facto para quienes desfalcaron al país. Llamar a las cosas por su nombre es el primer deber del periodismo: esto es una traición a la lucha anticorrupción.
Los números, fríos y brutales, exponen la magnitud del agravio. La anulación de la facultad del Estado para perseguir bienes de origen ilícito obtenidos antes de 2018 significa el archivo automático de 33 investigaciones cruciales contra el entramado de Odebrecht. Esto se traduce en un perdón de facto sobre más de 880 millones de soles. Las investigaciones que involucran a expresidentes y altos funcionarios ahora ven cómo el Estado pierde la capacidad de recuperar el botín, dejándoles disfrutar del fruto de sus presuntos delitos.
Por si fuera poco, la red criminal de Orellana, que corrompió instituciones enteras para apropiarse ilegalmente de bienes, se prepara para celebrar la devolución de cerca de 200 millones de soles. Noventa y nueve carpetas fiscales, que representan años de esfuerzo de la Fiscalía, quedan reducidas a papel mojado por una decisión que ignora por completo la naturaleza del crimen organizado. El coordinador de los fiscales, Dino Cano Gamero, no ha dudado en calificarlo como un «agravio para el Estado». Nosotros diríamos que es una herida mortal.
Que los procesos penales continúan es un consuelo de tontos. Sabemos que son largos, complejos y que, sin la presión económica de la extinción de dominio, los investigados mantienen intacto su poder para obstruir la justicia. Este fallo no protege al ciudadano de a pie; blinda al delincuente de cuello y corbata y al capo mafioso.
La pregunta que queda flotando en el aire es ineludible y grave: ¿A quién responde realmente este Tribunal Constitucional? Cuando una sentencia beneficia de manera tan directa y masiva a intereses criminales y corruptos tan específicos, es imposible no sospechar de la existencia de intereses subalternos que han pesado más que la Constitución misma. La toga no puede, ni debe, servir de manto para encubrir la impunidad.
Este tribunal ha emitido su veredicto, pero la historia, y los ciudadanos a los que se les ha fallado, emitirán el suyo. Y no serán tan indulgentes.
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