San Isidro.- Una reciente ola de clausuras de locales comerciales en el distrito de San Isidro ha desatado un intenso debate sobre el rol de la municipalidad. Mientras que la gestión actual defiende sus acciones como una necesaria aplicación de las normas para garantizar la seguridad y el orden, voces críticas, como la del exregidor y vecino de este distrito, Víctor Bazán Pastor, denuncian una política de «asfixia» a los pequeños negocios y emprendimientos.
Bazán Pastor ha criticado enérgicamente las recientes acciones de fiscalización que han resultado en multas y cierres de diversos locales. Sostiene que cuando se trata de observaciones subsanables, la autoridad debería orientar y otorgar plazos razonables en lugar de proceder con clausuras inmediatas que, según él, ponen en grave riesgo la continuidad de la actividad comercial. «Una clausura no es solo un papel pegado en la puerta: es dejar sin ingresos a familias y trabajadores, es poner en peligro el sostenimiento del negocio», expresó.
El exfuncionario apela a la Ley Orgánica de Municipalidades (Nro. 27972), argumentando que esta faculta a los gobiernos locales a promover el desarrollo económico, especialmente de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). «Para ellos, pareciera que lo señalado, al respecto, en la Ley Orgánica de Municipalidades es letra muerta», agregó Bazán, quien fue candidato a la alcaldía del distrito por el partido Somos Perú.
Muchos de los afectados, según Bazán, son vecinos de toda la vida que se sienten «castigados» por su propia autoridad municipal. Acusa a la administración de aplicar un «doble rasero», actuando con severidad contra los pequeños comerciantes mientras, en su opinión, es más permisiva con las grandes empresas constructoras. «Al poder económico, todo. Al pequeño comerciante, el cierre», sentenció.
La Postura Municipal y el Contexto de las Clausuras
Si bien no ha habido un pronunciamiento oficial en respuesta directa a las recientes declaraciones de Bazán, la Municipalidad de San Isidro ha comunicado activamente durante el año sobre diversos operativos de fiscalización que culminaron en el cierre de establecimientos, incluyendo cadenas de supermercados y restaurantes de renombre.
A finales de febrero de 2025, la municipalidad clausuró locales de Plaza Vea y Vivanda por deficiencias sanitarias, que incluían la presencia de moho, filtraciones de agua y heces de roedores en sus almacenes. Días antes, un local de la cadena de comida rápida Bembos y otros dos restaurantes en el Centro Financiero corrieron la misma suerte por problemas de higiene, como la presencia de insectos en las cocinas. En esos casos, la municipalidad argumentó que las medidas se tomaron para salvaguardar la salud pública y que los cierres eran temporales hasta que se subsanaran las observaciones.
La gestión municipal se ampara en su deber de hacer cumplir las normativas vigentes. El marco legal efectivamente otorga a los municipios la función de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas.
El reto de equilibrar fomento y fiscalización
El debate en San Isidro pone de relieve una tensión común en la gestión municipal: la necesidad de equilibrar la promoción del desarrollo económico local con el deber de garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salubridad.
La Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo X, establece que «los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental». Asimismo, los faculta a desarrollar políticas que fomenten a las PYMES.
Críticos como Bazán Pastor abogan por una «política de capacitación y fiscalización preventiva, no de persecución y abuso». La percepción de un trato desigual y la falta de un enfoque orientado a la corrección antes que a la sanción inmediata alimentan el descontento de un sector del empresariado local.
El desenlace de esta controversia dependerá de la capacidad de la Municipalidad de San Isidro para comunicar de manera transparente sus criterios de fiscalización y de demostrar que sus acciones se aplican de manera equitativa, al tiempo que implementa políticas efectivas de fomento y acompañamiento para los emprendedores que, como señala Bazán, «generan empleo y apuestan por el distrito».
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Conforme la Ley 31914, las Municpaldiades pueden clausurar solo en determinados supuestos establecidos, esto no quita si son infracciones que afectan al interes publico (como el de salubridad y otros) definitivamente se tiene que clausurar. El Problema pasa porque las municpalidades en general consideran que la imposición de Notificaciones de Cargo por INfracciones Administrativas wees una antesala pa ra la impsoción de MULTAS es decir creen que estas actividades de Control son para generar ingresos criterio errado, su razon principal es la de CONTROLAR y previamente orientar y capacitar para que el enprendedor No incurra en infracciones.