El desmantelamiento de la justicia en el Perú no ocurrió con tanques en las calles, sino con votos en el hemiciclo. Lo que comenzó como un debate sobre la «soberanía judicial» se ha revelado hoy, a mediados de 2026, como una arquitectura de impunidad milimétricamente diseñada.
Bajo la batuta del fujimorismo en el Congreso, y con Fernando Rospigliosi como uno de sus principales artífices desde la Comisión de Constitución, el país ha promulgado un paquete de seis normativas que, leídas en conjunto, otorgan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional un estatus de ciudadanos intocables.
A continuación, decodificamos el «blindaje en seis actos» que ha dejado sin justicia a las víctimas del pasado y del presente.
📜 1. El borrador del pasado: Ley 32107
La trampa legal: Esta fue la primera piedra. La ley establece que nadie puede ser procesado por delitos de «lesa humanidad» si los hechos ocurrieron antes de julio de 2002 (fecha en que Perú ratificó el Estatuto de Roma).
La consecuencia: Al quitarle la etiqueta de «lesa humanidad» a las masacres de los años 80 y 90 (Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca), estos crímenes pasan a ser «delitos comunes» y, por tanto, prescriben. Obliga a los jueces a archivar los casos contra militares de la época, dejando a los familiares de los desaparecidos sin acceso a la justicia.
📜 2. La amnistía biológica: Ley 32419
La trampa legal: Concedió amnistía y beneficios penitenciarios a miembros de las FF.AA. y PNP mayores de 70 años que ya estaban condenados por crímenes durante el conflicto armado interno.
La consecuencia: Si la Ley 32107 salvó a los que estaban siendo investigados, esta ley vació las cárceles de los que ya habían sido sentenciados. Autores materiales e intelectuales de torturas y desapariciones salieron en libertad bajo un manto humanitario, sin pagar reparaciones ni pedir perdón.
📜 3. El zorro cuidando el gallinero: Ley 32130
La trampa legal: Arrebató a la Fiscalía (Ministerio Público) la conducción de la investigación preliminar del delito, devolviéndole ese poder absoluto a la Policía Nacional.
La consecuencia: Una violación abierta al Artículo 159 de la Constitución. En la práctica, si un policía comete un abuso o ejecución, serán sus propios compañeros de institución quienes recaben las pruebas y controlen la escena del crimen antes de que llegue el fiscal, abriendo la puerta a la manipulación de evidencia y al encubrimiento institucional.
📜 4. El candado definitivo: Proyecto de Ley 14337
La trampa legal: El Congreso incorporó, recién en esta legislatura, el delito de «lesa humanidad» al Código Penal peruano, bajo la excusa de respetar el «principio de legalidad».
La consecuencia: Rospigliosi lo llamó «seguridad jurídica», pero en realidad es un muro de contención. Al tipificar el delito en 2026, los abogados militares usarán la ley para argumentar que ninguna masacre del pasado puede ser juzgada como lesa humanidad porque «la ley penal no es retroactiva». Esta norma prohíbe tácitamente a los jueces peruanos usar el derecho internacional para condenar militares.
📜 5. El escape de la justicia civil: Ley 9187
La trampa legal: Ordena que los delitos cometidos por policías y militares sean juzgados exclusivamente en tribunales militares, obligando al Poder Judicial a archivar sus casos.
La consecuencia: Revive el oscuro modelo de los años 90. El fuero militar está diseñado solo para castigar «delitos de función» (deserción, insubordinación). Al enviar crímenes contra civiles a tribunales integrados por militares, el «espíritu de cuerpo» garantiza absoluciones o penas irrisorias.
📜 6. El perdón del presente: Ley 13048
La trampa legal: Detiene y archiva de tajo todos los procesos judiciales contra agentes del orden por las muertes civiles ocurridas en las protestas de 2022 y 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte.
La consecuencia: Es el pago por la supervivencia del régimen. Al paralizar estas investigaciones, el Congreso no solo perdonó a quienes dispararon, sino que cortó la cadena de mando, salvando de prisión a los ministros y altos mandos policiales/militares de la actualidad. Casi 50 peruanos muertos en Juliaca y Ayacucho quedaron oficialmente en la impunidad.
👑 El «Autoritarismo llave en mano»: 1990 vs. 2026
La promulgación de estas seis leyes no es un hecho aislado. Es el preámbulo para el inminente triunfo electoral de Keiko Fujimori, líder del partido que orquestó esta maquinaria legislativa. Y aquí radica la diferencia histórica más aterradora.
Cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia en 1990, llegó como un outsider. No tenía el control del Congreso (que le era opositor), ni de la Fiscalía, ni de los jueces. Para lograr el poder absoluto y proteger a militares como Vladimiro Montesinos o el Grupo Colina, Fujimori tuvo que dar un golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Tuvo que sacar los tanques para cerrar el parlamento, destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) e intervenir el Poder Judicial por la fuerza.
Keiko Fujimori, en 2026, no necesita un 5 de abril. Su camino hacia la autocracia se ha construido en «modo democrático».
Si asume la presidencia, Keiko no tendrá que copar las instituciones del Estado, porque el Congreso actual ya se las entrega copadas. A través de cuestionados procesos de elección e inhabilitaciones express entre 2023 y 2026, la alianza conservadora ha logrado colocar a magistrados afines en el Tribunal Constitucional, capturó la Defensoría del Pueblo, destituyó y reconfiguró la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para tener el control sobre el nombramiento de jueces, y maniató y fracturó a la Fiscalía de la Nación.
Alberto Fujimori asaltó un Estado que se resistía; Keiko Fujimori heredará un Estado a su medida. Con las instituciones de control neutralizadas y unas Fuerzas Armadas que, gracias a las seis leyes de Rospigliosi, saben que tienen «licencia para matar» sin enfrentar a un juez civil, el Perú de 2026 se asoma a un régimen donde la ley no es un escudo para los ciudadanos, sino el arma de los intocables.
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