Un posible conflicto de intereses remece a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en medio de la polémica por la reincorporación de Patricia Benavides a la Fiscalía. El actual presidente de la JNJ, Gino Ríos, fue nombrado procurador público ad hoc en 2006 por Jorge del Castillo, quien hoy es el abogado de Benavides; según reveló el diario La República.
Este nombramiento, realizado durante el último gobierno aprista, ha destapado una antigua conexión que pone en tela de juicio la imparcialidad en el caso de la exfiscal de la Nación.
La designación de Ríos Patio como procurador se oficializó el 29 de agosto de 2006, mediante la resolución suprema N° 143-2006-JUS. En ese entonces, Jorge del Castillo se desempeñaba como presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alan García. La tarea encomendada a Ríos era investigar a los funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo por presuntos delitos contra la administración pública.

Diecinueve años después, esta resolución cobra una nueva dimensión. Gino Ríos, ahora como titular de la JNJ, lidera la institución que ha decidido anular la sanción contra Patricia Benavides, permitiendo su retorno como fiscal suprema. Esta situación ha generado una fuerte presión para que Benavides Vargas sea reincorporada al Ministerio Público.
La figura de un procurador ad hoc no es menor. Se trata de un abogado de alta confianza del gobierno de turno, en este caso, del entorno del entonces primer ministro Jorge del Castillo y de las altas esferas del partido aprista. Su función era defender los intereses del Estado y perseguir judicialmente a los funcionarios del régimen anterior.
El retorno de Patricia Benavides
Paralelamente a esta controversia, el Poder Judicial ha dejado sin efecto la suspensión de 24 meses que pesaba sobre Patricia Benavides, allanando el camino para su reincorporación como fiscal suprema. Esta medida se alinea con la resolución de la propia JNJ, que ya había anulado su destitución.
Sin embargo, el proceso no está exento de complejidades. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado a la JNJ una aclaración sobre los alcances de su fallo. Además, el área de presupuesto del Ministerio Público debe determinar si existen los recursos para cubrir el salario y los gastos operativos de Benavides, o si será necesario solicitar una partida adicional al Ministerio de Economía y Finanzas.
El punto más álgido es definir dónde trabajará Benavides. Las dos fiscalías supremas anticorrupción que se encuentran libres tienen procesos abiertos en su contra, lo que complica su asignación a una de ellas. Otra opción que se baraja es que asuma como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Su abogado, Humberto Abanto, ha manifestado que aún no han sido notificados oficialmente sobre la fecha o el lugar de su reincorporación y ha criticado a la fiscal Delia Espinoza, acusándola de actuar con «embriaguez de poder» al no facilitar el retorno de su defendida.
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