Un reciente fallo judicial emitido en la selva peruana ha destapado una caja de Pandora que salpica directamente a la capital. El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Tarapoto condenó al coronel PNP en retiro José Garay y a su esposa, Lila Cárdenas, por el delito de tráfico de influencias, tras comprobarse que lideraron un repudiable esquema de cobro de cupos en el proceso de admisión 2019-I de la Escuela de Formación Policial de Tarapoto.
Lo que resulta un verdadero escándalo es el actual paradero laboral del oficial sentenciado, José Garay es el flamante Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Pueblo Libre. El coronel fue designado bajo la administración de la alcaldesa Mónica Tello, autoridad fuertemente cuestionada y conocida en el ámbito municipal como la «reina de las compras con sobrecostos».
El ‘modus operandi’ del matrimonio 🕵️♂️💸
Según la Fiscalía Anticorrupción, la pareja operaba con total impunidad. Garay, quien en ese entonces era jefe de la División Macrorregional de Inteligencia de San Martín, utilizaba su alto cargo para invocar influencias ante el comité de selección.
Su esposa actuaba como intermediaria, captando a los jóvenes y recibiendo altas sumas de dinero. El descaro quedó evidenciado con chats de WhatsApp donde coordinaban los cobros, establecían señales secretas para las pruebas físicas y maquinaban la filtración del examen de admisión.
El negociado cayó cuando el padre de un postulante confesó haber entregado S/ 20,000 en efectivo por un cupo que su hijo nunca obtuvo. Por estos hechos, la justicia impuso 5 años y 4 meses de prisión efectiva a Garay (suspendida hasta su ratificación) y 4 años y 8 meses a su esposa.
El perturbador nexo con Gerald Oropeza 🔫💼
Pero la condena en Tarapoto no es la única mancha en el legajo del actual gerente de Seguridad de Pueblo Libre. Información revelada años atrás vincula a Garay con uno de los casos de narcotráfico más sonados del país.
En su momento, José Garay fue acusado junto a otros efectivos policiales de haberle exigido una extorsión de 50 mil dólares al entonces investigado (y hoy sentenciado libre) narcotraficante Gerald Oropeza. A cambio del dinero, los policías habrían prometido no hacer públicos fotos y videos de los amigos de Oropeza, Carlos Sulca y Juan Berríos, que los implicaban en graves delitos.
Este caso, que expuso las profundas mafias que infiltraron la policía, el Ministerio Público y el puerto del Callao tras el atentado al Porsche de Oropeza en 2015, significó un terremoto institucional. Si bien Garay negó las imputaciones y nunca fue sentenciado por este hecho, su carrera sufrió los embates, fue dado de baja, luego reincorporado mediante recursos legales y posteriormente pasado al retiro.
Las urgentes preguntas para Mónica Tello 🏛️📉
Que un oficial con una condena por tráfico de influencias y con un historial policial ensombrecido por acusaciones de extorsión a narcos esté a cargo de proteger a los vecinos de Pueblo Libre, es calificado por muchos como cambiar «mocos por babas».
A la luz de estos graves antecedentes, las preguntas caen por su propio peso sobre la gestión municipal:
- ¿Por qué la alcaldesa Mónica Tello toma decisiones tan cuestionadas y elige a personas con historiales tan oscuros para un cargo vital?
- Habiendo tantos profesionales probos y vecinos capacitados que aman el distrito, ¿por qué no se realiza una convocatoria pública y transparente?
- ¿Qué verdaderos intereses se esconden detrás de la contratación de este perfil para la Gerencia de Seguridad Ciudadana?
La seguridad de un distrito no puede estar en manos de quienes lucraron con el uniforme de la Policía Nacional. La alcaldesa Tello le debe una explicación inmediata, y acciones concretas, a los vecinos de Pueblo Libre.
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