A más de un mes de un revelador informe periodístico, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, mantiene un silencio llamativo que agiganta las sospechas sobre la donación de 20 locomotoras y 93 vagones por parte de la empresa estadounidense Caltrain.
La contratación de una presunta empresa fantasma, validada por un ex electricista de la propia donante, y una valorización 45 veces superior a la original, son los puntos clave de una trama que podría esconder oscuros intereses en perjuicio de la capital peruana.
El pasado 26 de mayo, el programa «La Encerrona» destapó una serie de irregularidades que hasta la fecha no han merecido una respuesta directa del burgomaestre. El foco del escándalo es la empresa Servicios Eléctricos Ferroviarios, que recibió más de 100,000 dólares de la Municipalidad de Lima por una consultoría técnica para revisar el material rodante.
La investigación periodística reveló que las sedes de dicha compañía en Nuevo México y California son, en la práctica, inexistentes. Corresponsales que acudieron a las direcciones registradas solo encontraron un local que alquilaba oficinas virtuales, sin rastro de una empresa técnica operativa.
El Validador: Un exempleado de la Donante
Lo que agrava la suspicacia es el fundador de la contratada Rail Electric Services: César Días, un electricista que trabajó previamente en Caltrain, la misma compañía que donó los trenes a Lima.
Esta conexión ha levantado serias dudas sobre un posible conflicto de intereses y la legitimidad de la evaluación técnica por la que la Municipalidad de Lima pagó una suma considerable.
Es este personaje, ligado directamente a la empresa donante, quien validó las 20 locomotoras diésel y 93 vagones de pasajeros. Esta misma empresa, según las denuncias, habría participado en la valorización de los activos, un punto que se ha convertido en el centro de la controversia.
Una valorización bajo sospecha
El nudo más desconcertante del caso es la abismal diferencia en el valor de los trenes. Mientras que Caltrain, la empresa donante, declaró que el valor contable de los equipos dados de baja era de apenas 4,9 millones de dólares, la gestión de López Aliaga los ha registrado patrimonialmente por una cifra que supera los 822 millones de soles, equivalente a unos 224 millones de dólares. Es decir, 45 veces más que el valor original.
Esta discrepancia ha provocado que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) exija formalmente a la Municipalidad de Lima justificar dicha valorización. En su defensa, la comuna limeña argumentó que el monto respondía a «multas de aseguramiento y reposición en caso de pérdida» y que el valor declarado por Caltrain solo tenía multas contables al tratarse de trenes ya dados de baja en Estados Unidos por un proceso de modernización.
La mirada desde California
Las dudas sobre la transparencia del acuerdo han cruzado fronteras. El senador del estado de California, Dave Cortese, ha manifestado su extrañeza por la prioridad que se le dio a esta donación de «un montón de trenes contaminantes». Cortese, conocido por su agenda medioambiental, ha cuestionado duramente que se «exporte contaminación» a un país en desarrollo con trenes diésel que tienen cerca de 40 años de antigüedad.
El senador estadounidense incluso deslizó la posibilidad de intereses ocultos, declarando a ‘La Encerrona’: «Sería interesante obtener más registros públicos de Caltrain para ver si hubo algún tipo de comisión, pago por intermediación o gestores involucrados en el acuerdo».
Mientras tanto, el alcalde López Aliaga ha evitado pronunciarse sobre las graves acusaciones de contratación con una presunta empresa fantasma y el rol de su fundador. En su lugar, ha defendido la operatividad de los trenes y ha atacado a los medios de comunicación que investigan el caso.
Trenes en Lima
Tras una presentación pública en el Parque de la Muralla, los vagones y locomotoras reposan en la estación de Monserrat, a la espera de un futuro incierto. Y es que su llegada solo ha materializado la magnitud de los desafíos: se requerirá una inversión millonaria para que puedan operar. Un experto ferroviario estimó que la adaptación más básica del sistema podría costar unos 30 millones de dólares.
A esto se suma la necesidad de un expediente técnico detallado que, hasta ahora, brilla por su ausencia y que ni siquiera precisa un detalle tan fundamental para el ciudadano como el precio del pasaje entre Lima y Chosica.
Por su parte, la empresa Ferrovías Central Andina ha propuesto una tarifa de 3 soles, pero condicionada a que el Estado cubra la diferencia si la recaudación no es la esperada. Así, los trenes que llegaron como una promesa de modernidad, hoy yacen como un recordatorio de la improvisación, la falta de transparencia y la necesidad de una inversión significativa que aún no está garantizada, todo esto mientras el alcalde continúa sin aclarar las sombras que se ciernen sobre el inicio de toda esta historia.
Por último, el silencio del alcalde solo alimenta la incertidumbre y la sospecha de que detrás de la promesa de un nuevo tren para Lima, se esconderían intereses que no responden precisamente al bienestar de la ciudad.
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