La seguridad ciudadana es, sin duda, la exigencia primordial de los vecinos de Pueblo Libre. Sin embargo, detrás de los discursos de campaña, los eslóganes de continuidad y las fotografías oficiales de la actual gestión, se esconde uno de los episodios más oscuros en la administración de los recursos del distrito. Un caso donde el dinero destinado a proteger a los ciudadanos terminó envuelto en un millonario sobrecosto y donde los vehículos de emergencia terminaron usándose para los eventos de la propia alcaldía.
🏛️ Ocurrió en 2023, pero la factura política se cobra hoy
La Municipalidad de Pueblo Libre, bajo la administración de Mónica Tello, aprobó la compra de 20 camionetas exclusivamente para el servicio de Serenazgo (Licitación Pública LP-SM-1-2023-CS-MPL-1). Lo que debió ser una adquisición clave para frenar la delincuencia, terminó convirtiéndose en un expediente marcado por sobrecostos documentados, filtros sospechosos y un daño económico millonario al Estado.
El presupuesto estimado fue de S/ 3’293,333. Al final, la Buena Pro se entregó al Consorcio Seguridad Ciudadana Pueblo Libre por S/ 3’274,000 (S/ 163,700 por unidad).
Pero la indignación ciudadana no se limita a los números en un papel; salta a la vista en las propias calles. Lejos de estar dedicadas a patrullar intensamente las zonas rojas del distrito, estas millonarias camionetas han sido captadas en repetidas ocasiones operando como simples vehículos de carga, trasladando fierros, sillas, toldos y armando la logística para los eventos institucionales de la Municipalidad. Vehículos de «seguridad ciudadana» convertidos en fletes VIP para la alcaldía, mientras los vecinos quedan desprotegidos frente a la criminalidad.
🔎 La «trampa» técnica: Cómo anular a la competencia
Un proceso transparente busca el mejor precio para el Estado. En Pueblo Libre, ocurrió exactamente lo contrario. Diecisiete empresas se registraron en el sistema, pero solo tres presentaron ofertas formales. Dos de los postores —Grupo Pana S.A. y Estación de Servicios Santa Cecilia S.A.— presentaron ofertas que rondaban los S/ 2.7 millones. Es decir, casi medio millón de soles más baratas.
¿Por qué fueron descalificadas? Por detalles técnicos que el Órgano de Control Institucional (OCI) catalogaría luego de deficientes. A Grupo Pana, por ejemplo, se le apartó porque la camioneta ofrecida no tenía cámara de retroceso original de fábrica. Con la competencia fuera de juego mediante estrictas observaciones formales, el camino quedó libre para el consorcio ganador.
El acta de evaluación es lapidaria. Se tomó el monto del “único postor admitido”. Su precio fue de S/ 3’274,000. Más de medio millón de soles por encima de lo que ofrecían los competidores descalificados.
🚙 Un intermediario y un margen de ganancia exorbitante
El consorcio ganador no era un concesionario directo de Nissan, la marca de los vehículos adjudicados. Estaba conformado por Corporación de Automotores y Suministros JAC E.I.R.L. y Automotores y Maquinarias S.A.C.
Si bien usar intermediarios comerciales no es ilegal, la Contraloría lanzó una pregunta demoledora: ¿Por qué la Municipalidad construyó su estudio de mercado de tal forma que terminó validando precios completamente irreales?
El Informe de Control Específico N.° 006-2024-2-2160 (mayo 2024) destapó la verdad financiera. Las facturas demostraron que el proveedor había comprado las 20 camionetas a Autoland S.A. por S/ 2’054,250 (S/ 102,712 por vehículo).
Incluso sumando los costos de acondicionamiento (circulinas, sirenas, altavoces, garantías), la brecha económica era injustificable. La Municipalidad pagó S/ 3.27 millones por bienes que en el mercado costaron S/ 2.05 millones.
La conclusión de la Contraloría fue implacable y no dejó espacio a interpretaciones. Existió un perjuicio económico para Pueblo Libre de S/ 1’219,750.
⚖️ La delgada línea entre la impunidad administrativa y el daño real
El informe señaló responsabilidades en tres funcionarios, Henma Quezada Luján, Marco Campos Gerónimo y Rolando Quispe Clemente, recomendando iniciar inmediatas acciones civiles.
Meses después (octubre 2024), una resolución de la Contraloría exoneró a Quezada y Quispe de responsabilidad administrativa funcional. Aquí es imperativo ser precisos jurídicamente. Que dos funcionarios logren esquivar una sanción administrativa no borra el Informe de Control, no desaparece las maniobras en el estudio de mercado, ni devuelve a las arcas del distrito el millón doscientos mil soles de perjuicio económico. El daño financiero y operativo está hecho, y está documentado.
A esto se suma la existencia comprobada de una investigación preliminar en la Fiscalía Anticorrupción de Lima (Carpeta Fiscal N.° 167-2024). Aunque su estado procesal actual se mantiene en reserva, confirma que los indicios fueron lo suficientemente graves para movilizar al Ministerio Público.
🗳️ “Lo mejor debe continuar”: El cinismo frente a la memoria electoral
Estamos en la antesala de las elecciones municipales de 2026. Mónica Tello no puede reelegirse como alcaldesa, pero ha encontrado un vehículo político para mantener el poder, postula como primera regidora en la lista de Renovación Popular, encabezada por la actual regidora de su gestión, Cecilia Acosta.
El eslogan de su campaña apela directamente a los vecinos: “Lo mejor debe continuar”. Acosta justifica la inclusión de Tello argumentando que «las buenas gestiones deben tener continuidad», recordando orgullosa que ella misma respaldó decisiones de esta administración.
Y es exactamente por esa premisa que este caso es hoy un asunto de estricto interés público electoral.
Nadie afirma que la candidata Acosta haya firmado el contrato de las camionetas. Tampoco el informe acusa penalmente a la alcaldesa Tello, pero en política, la responsabilidad sobre cómo se gasta el dinero de los vecinos es ineludible. Quienes hoy piden votos para «continuar», deben estar dispuestos a someter la gestión entera a un escrutinio feroz.
La democracia no funciona con amnesia. A puertas de los comicios, el electorado de Pueblo Libre tiene el derecho —y la obligación— de exigir respuestas contundentes:
❓ ¿Quién asume la responsabilidad política y financiera por los S/ 1.2 millones que perdió el distrito?
❓ ¿En qué quedaron las acciones legales exigidas por la Contraloría para recuperar ese dinero?
❓ Si esto es «lo mejor» que debe continuar, ¿qué garantías tienen los vecinos de que sus impuestos no seguirán perdiéndose en licitaciones amañadas?
❓ Y sobre todo: ¿Para qué comprar patrulleros de lujo si terminarán siendo usados como furgonetas de carga para los toldos y sillas de la alcaldía?
Hacer estas preguntas no es un ataque político; es el ejercicio puro de la fiscalización ciudadana. Porque antes de decidir en las urnas qué es lo que «debe continuar», los vecinos merecen recordar qué hicieron exactamente con su dinero y su seguridad. 🗳️🔥
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