Por: Javier Yoplac (Director)
A primera vista, la afirmación parece contradictoria para un país que mantiene el mismo modelo económico desde 1993. Sin embargo, si analizamos el corazón de las urnas, la conclusión es ineludible: El Perú es de izquierda. Lo es cada vez que un ciudadano en Puno, Cajamarca o Huancavelica marca un símbolo buscando justicia, salud pública y la recuperación de sus recursos. Lo es porque el voto mayoritario en las últimas décadas ha sido un grito de protesta contra un sistema que excluye.
El problema no es el voto; el problema es la traición sistemática que sigue al conteo de las actas.
Gobernados por el mercantilismo de derecha
Aunque el pueblo elige «izquierda», el país termina siendo gestionado por un mercantilismo de derecha que nada tiene que ver con el capitalismo moderno. En el Perú, no hay una derecha que fomente la competencia, sino una que captura el Estado para su beneficio.
Es la derecha del «entreguismo». Esa que permitió que activos estratégicos como Aeroperú fueran rematados por migajas, o la que hoy entrega el territorio nacional a la gran minería por el precio irrisorio de 3 dólares la hectárea. Este no es un modelo de desarrollo, es un modelo de saqueo. Las utilidades de estos recursos mal vendidos no se quedan en las regiones; fluyen hacia una «caja chica» política y judicial que sirve para comprar conciencias, blindar corruptos y asegurar que el sistema no cambie nunca. El «Gran Viraje» de los últimos 10 presidentes no ha sido otra cosa que la capitulación ante el dinero de este mercantilismo voraz.
El ciclo del mercantilismo
- Valentín Paniagua (2000-2001): El paréntesis ético. Su rol fue limpiar la casa tras el fujimorismo, pero no tuvo tiempo (ni mandato) para cambiar la estructura mercantilista del Estado.
- Alejandro Toledo (2001-2006): Inició la era del «mercantilismo de infraestructura». Prometió descentralización, pero bajo su mando se gestó el caso Interoceánica (Odebrecht). Recibió $35 millones en sobornos para «entregar» una obra sobredimensionada.
- Alan García (2006-2011): El gran promotor del modelo extractivista. Con su decreto del «Perro del Hortelano», facilitó la entrega de recursos a grandes corporaciones, despreciando la pequeña propiedad y los derechos indígenas. Fue el punto más alto del mercantilismo político.
- Ollanta Humala (2011-2016): Entró prometiendo recuperar el gas de Camisea para los peruanos y terminó gobernando con los mismos asesores de la derecha económica, manteniendo el esquema de beneficios a las grandes constructoras brasileñas.
- Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): El presidente «Lobbista». No era un político, sino un gestor de intereses corporativos. Su caída se debió a que no supo separar sus negocios privados de su rol público, demostrando que el mercantilismo estaba en el ADN de su gestión.
- Martín Vizcarra (2018-2020): Se centró en la reforma política, pero en lo económico no movió un ápice el esquema de entreguismo. Su gobierno fue de una derecha pragmática que, ante la crisis, terminó cediendo a las presiones de grupos de poder regionales.
- Manuel Merino (2020): Representó el intento de una facción mercantilista del Congreso por tomar el Ejecutivo para proteger intereses de universidades privadas de baja calidad («tele-educación») y otros negocios vinculados a los partidos.
- Francisco Sagasti (2020-2021): Gestión técnica de centro-derecha liberal. Logró estabilidad, pero bajo el mismo marco de 1993 que permite las concesiones a 3 dólares.
- Pedro Castillo (2021-2022): Prometió nacionalizar los recursos, pero lo que hizo fue crear un mercantilismo de baja estofa: colocar a sus allegados en puestos clave para cobrar cupos y direccionar licitaciones pequeñas, sin tocar el «gran entreguismo» porque no sabía cómo hacerlo o porque fue abortado por su propia incompetencia.
- Dina Boluarte (2022-Presente): Es el rostro actual del pacto mercantilista. Se sostuvo en el poder porque le dio al Congreso (y a los intereses detrás de este) todo lo que piden: leyes que favorecen la minería ilegal, la deforestación y el debilitamiento de la SUNEDU; entre otros.
Las sombras del autoritarismo: ¿Un Estado de Excepción?
En medio de este caos y ante la debilidad de un gobierno que se cae a pedazos, ha comenzado a circular información alarmante que sugiere un escenario aún más oscuro. Los rumores en los pasillos del poder hablan de una facción que, ante el fracaso de la clase política tradicional, busca una «salida» autoritaria.
Se menciona una estrategia orquestada para que sectores militares tomen el control real del poder. El nombre de Fernando Rospigliosi aparece en este tablero como el brazo político y teórico de una movida que buscaría derrocar a Jerí y desplazar a los pocos estorbos institucionales que quedan. El pretexto perfecto ya está servido: la inseguridad ciudadana, el sicariato y la criminalidad desbordada.
Bajo la narrativa de «poner orden» y «mano dura», se estaría cocinando la instauración de un Estado de Excepción permanente. No sería para combatir al delincuente de la esquina, sino para suspender las libertades, anular las elecciones de 2026 y garantizar que el esquema mercantilista no sea cuestionado por ninguna protesta social. El miedo al sicariato está siendo utilizado como la anestesia para que el pueblo acepte un régimen de botas y fusiles.
Un país sin salida aparente
El panorama es desolador. Por un lado, una izquierda electoral que se vende al llegar al poder; por otro, una derecha mercantilista que saquea el país; y ahora, la sombra de un golpe blando o un estado de excepción que use la tragedia de la inseguridad para amordazar a la nación.
Con 32 fórmulas presidenciales en camino al 2026, la fragmentación es el caldo de cultivo ideal para estos experimentos autoritarios. Si el Perú es de izquierda por su deseo de justicia, hoy más que nunca debe entender que esa justicia no vendrá de quien promete mano dura mientras guarda en el bolsillo las utilidades del entreguismo.
Conclusión
El Perú no está sin salida, pero la salida no está en el color de la camiseta (izquierda o derecha). La salida está en entender que, mientras permitamos que la política sea un negocio donde se invierte dinero para saquear recursos, seguiremos siendo el país rico que regala sus tesoros a cambio de un plato de lentejas para su clase política.
En 2026, el reto del ciudadano no será elegir al que más grite o al que más prometa, sino identificar quién está detrás de cada candidato. Porque si no rompemos este ciclo de mercantilismo y corrupción, seguiremos viendo cómo nuestro patrimonio se va en manos de otros por apenas 3 dólares la hectárea.
Estamos ante una encrucijada histórica: o recuperamos la democracia para el ciudadano, o permitimos que el mercantilismo y el autoritarismo terminen de subastar lo último que nos queda de patria.
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