Por: Javier Yoplac (Editorial)
La gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se ha visto envuelta en una creciente controversia en torno a la adquisición de trenes de segunda mano de la empresa estadounidense Caltrain. Lejos de ser un proyecto aplaudido, la iniciativa ha generado una ola de críticas y denuncias que ponen en tela de juicio la transparencia, viabilidad y beneficio para la ciudad.
Ante los cuestionamientos, la respuesta del burgomaestre y sus seguidores ha sido consistente: descalificar a sus críticos, a quienes tilda de «rojos» y «caviares», y acusar a la prensa de mentir.
El episodio más reciente de esta confrontación se produjo el pasado 20 de julio, cuando la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en sus redes sociales con un titular contundente: «¡EL GRUPO EL COMERCIO MIENTE!». En el documento, la municipalidad acusa al diario ya Canal N de difundir «información falsa sobre la reducción del material ferroviario». Según la comuna, se confirma la «donación» de 90 coches y 19 locomotoras, cifra que, aseguran, no ha sido modificada y que el propio diario había publicado en noviembre de 2024.
Sin embargo, el mismo día de la publicación del comunicado municipal, medios como El Comercio y Gestión informaron, calcularon en un Acuerdo de Concejo publicado en el diario oficial El Peruano, que la propia Municipalidad de Lima había oficializado la reducción del lote de trenes. La modificación excluye tres coches de dos niveles y una locomotora debido a «fallas mecánicas de alto costo de reparación», lo que supone una disminución patrimonial de aproximadamente 5 millones de dólares.
Una «Donación» con costos millonarios
El punto de partida de la polémica fue el anuncio de una «donación» de trenes por parte de Caltrain. Sin embargo, documentos de la propia empresa estadounidense revelaron que se trataba de una venta. La Municipalidad de Lima ha desembolsado más de 24 millones de dólares para el traslado y adecuación de los trenes, que tienen una antigüedad de aproximadamente 40 años.
Las críticas no se hicieron esperar. El senador del estado de California, Dave Cortese, cuestionó duramente el acuerdo, afirmando que se estaba «exportando contaminación», ya que los trenes diésel estaban fuera de servicio en Estados Unidos por sus altas emisiones.
Cortese incluso presentó un proyecto de ley para evitar futuros acuerdos de venta o donación de trenes a diésel. A pesar de la defensa de López Aliaga, quien aseguró que los trenes son modernos y ecológicos, la controversia sobre el impacto ambiental persiste.
El estado de los Trenes y las dudas técnicas
Una vez en Lima, el estado de los trenes no hizo más que avivar el debate. Reportajes de medios como La República mostraron imágenes de vagones con partes oxidadas y asientos deteriorados. La Contraloría General de la República detectó una inconsistencia clave: mientras la Municipalidad de Lima afirmaba que el último mantenimiento mayor se realizó en 2020, las placas de los trenes indicaban que data de 2002. Ante esto, López Aliaga deslindó responsabilidades, declarando que su trabajo no es estar «en el tema del detallito».
La viabilidad técnica del proyecto también ha sido puesta en duda. Una periodista de Exitosa, con una huincha en mano, midió la altura de los puentes de la ruta Lima-Chosica, concluyendo que los trenes de dos pisos no pasarían por debajo de algunos de ellos. La respuesta de López Aliaga y su partidario fue descalificar la medición por no haber sido realizada por ingenieros, calificándola de «tontería».
Por otro lado, expertos en ingeniería han señalado que para que el tren Lima-Chosica opere a una velocidad adecuada, se necesitaría una doble vía, una infraestructura que actualmente no existe.
Enfrentamientos con el Gobierno y la Prensa
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) han expresado su preocupación por la falta de un plan técnico y financiero integral por parte de la Municipalidad. El ministro de Transportes, César Sandoval, ha cuestionado la improvisación del proyecto y ha exigido que se garantice la seguridad de los pasajeros. López Aliaga, por su parte, ha acusado al gobierno de poner trabas políticas a su gestión y se ha negado a asistir a reuniones técnicas con el MTC.
La prensa independiente también ha sido un blanco constante de los ataques del alcalde. A las acusaciones generales de «mermelera» y de mentir. Una periodista de La República que evidenció el mal estado de los asientos de los trenes, fue acusada por el alcalde de haberlos cortado.
Investigaciones y Denuncias Penales
La gestión de López Aliaga no solo enfrenta críticas mediáticas, sino también investigaciones formales. La Fiscalía ha abierto diversas investigaciones en su contra, incluyendo una por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones por el despido masivo de trabajadores CAS al inicio de su gestión. Además, se han presentado denuncias penales por la adquisición de los trenes, argumentando un presunto fraude al tratarse de una compra y no una donación, saltándose procesos de licitación pública.
Recientemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha iniciado una investigación por la posible vulneración al principio de neutralidad electoral durante la presentación de los trenes.
Mientras tanto, Rafael López Aliaga continúa defendiendo su proyecto, asegurando que su único pago es «la alegría de la gente» y desestimando las críticas como ataques políticos. La pregunta que queda en el aire es hasta dónde llegará la polarización y si alguna entidad logrará fiscalizar de manera efectiva una gestión marcada por la confrontación y los serios cuestionamientos.
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