Resulta difícil de creer, y más aún de aceptar, que nuestra vasta riqueza mineral del Perú, cuna de una tradición minera, que se remonta a siglos, se entregue por la irrisoria y ofensiva cifra de tres dólares por hectárea concesionada a la gran minería.
Este monto no es solo una anécdota bochornosa, es el símbolo de un sistema que privatiza ganancias extraordinarias a un costo ridículo para las empresas, mientras socializa la miseria y el conflicto. Es, en palabras directas, un tremendo robo perpetrado a la nación, con la complicidad de una clase política que ha legislado de espaldas al interés nacional.
Mientras las grandes corporaciones se benefician de este regalo, que les permite acaparar cerca de 20 millones de hectáreas por hasta 30 años, de las cuales solo explotan entre el 2,5% y 3%, una realidad dramática golpea a quienes realmente viven de la tierra: los mineros artesanales.
Calificados lamentablemente de «ilegales» por el gobierno de Dina Boluarte, estos aproximadamente 50,000 peruanos son las víctimas directas de un modelo de exclusión que ya ha costado vidas y ha dejado decenas de heridos en protestas.
El Estado ha creado un laberinto burocrático sin salida. Para ser formales, los mineros artesanales deben inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un proceso que exige, entre otras cosas, un contrato de explotación con el titular de la concesión. Aquí reside la trampa: los dueños de esas concesiones, las mismas grandes empresas que pagan una miseria por ellas, se niegan a firmar dichos contratos. Prefieren mantener a los artesanales en la informalidad, aprovechándose de su trabajo.
Según nos contaron los mismos mineros artesanales, que incluso, después de un arduo trabajo para encontrar una veta de oro, son expulsados de la tierra por el titular de la concesión. Una tremenda injusticia.
Esta perversidad se agrava en la comercialización. Cuando el titular de la concesión tiene una planta de procesamiento, obliga a los artesanales a venderle su producción a precios irrisorios, a menudo denunciando robos en el pesaje y pagos injustos. Así, el Estado, que les exige formalidad, los abandona a un círculo vicioso de explotación.
Lo más indignante es la contribución económica de este sector sistemáticamente marginado. Según sus propios voceros, la minería artesanal moviliza cerca de 6.000 millones de dólares anuales y es responsable del 56% de la producción de oro nacional, superando a la gran minería. A pesar de su importancia económica y de estar inscritos en el REINFO con un RUC, pagando impuestos, son tratados como criminales.
Su propuesta es clara y reveladora: están dispuestos a pagar 10 dólares por hectárea concesionada, más del triple de lo que pagan las grandes mineras. Piden, con justa razón, la revisión de las concesiones ociosas, aquellas que solo sirven para la especulación. Sin embargo, su clamor se topa con la indiferencia de un gobierno cuyos ministros han preferido viajar antes de atender una crisis que escala.
No estamos ante un simple problema administrativo, sino frente a un modelo de despojo que clama al cielo. Un sistema que entrega el patrimonio de todos los peruanos por una cifra insultante, que criminaliza a los trabajadores que generan riqueza y que perpetúa un ciclo de conflicto y muerte.
Es hora de que el Estado deje de dar la espalda a sus ciudadanos y realice una profunda reforma del sistema de concesiones. La pregunta es: ¿hasta cuándo permitiremos que el futuro del Perú se siga vendiendo por tres dólares?
Leer más: